Héctor Tapia / Metapolítica
Frente al conflicto que enfrenta la planta de ArcelorMittal en el puerto de Lázaro Cárdenas, y tras los amagos de la firma por extinguir el contrato colectivo de trabajo para los sindicalizados, por sostener una huelga que ha sido calificada como ilegal por tribunales laborales federales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que lo que se desea es que se mantenga la fuente de empleo en la región.
Pero además, remarcó, es que este conflicto se solucione respetando los derechos laborales, que se paguen también las utilidades y que en la planta no haya outsurcing.
En conferencia de prensa, a pregunta específica, dijo que “se tienen que dar acuerdos en beneficio de los trabajadores, “estamos en esa tesitura, de que el reparto sea claro, transparente y completo”.
Hay que recordar que este movimiento huelguístico lleva alrededor de 50 días, y se originó por la inconformidad de los sindicalizados con el reparto de utilidades correspondiente a este año, bajo el argumento de la empresa de que había obtenido menores ganancias o utilidades por la producción respecto a años anteriores.
En el transcurso de la negociación ArcelorMittal había hecho una última oferta de pagarles 2 mil dólares por trabajador, y el pago del 75% de los salarios caídos durante este periodo de huelga. Oferta que fue rechazada por los trabajadores la semana pasada, por lo que ArcelorMittal retiró los ofrecimientos, sosteniendo que lucharían por la vía legal para extinguir el Contrato Colectivo de Trabajo, bajo el cual están contratados 3 mil 500 trabajadores sindicalizados.
Entre las exigencias del sindicato de la sección 271 es que el reparto de las utilidades se haga conforme a lo que haya reportado de ganancias realmente la empresa, por lo que se espera que la carátula que se revisa por parte de la Secretaría de Hacienda se transparente para realizar la distribución correspondiente.
Lo que enfrenta ArcelorMittal es muy relevante porque “es una empresa con un fuerte impacto en la región por la generación de empleos”.
Refirió que en la parte legal la empresa ha señalado que la huelga es ilegal, aspecto por el cual la empresa solicitó la extinción del contrato colectivo de trabajo, a lo que el dirigente nacional de dicho gremio, el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, refrió que es un error.
“El tema está álgido. Debe quedar claro las ganancias de la empresa para que los trabajadores estén satisfechos, de cuánto la empresa obtiene de ganancias”, explicó.
Ramírez Bedolla dijo que él como gobernador si así lo solicita el sindicato “participaremos de manera más decidida, para poder sentarnos con la empresa”.
“Todo se ha estado llevando a cabo en el terreno legal, con la instancia federal”, indicó, y añadió que se espera que se resuelva pronto este conflicto, que se vuelva a echar a andar la planta y se cumpla con las prestaciones completas.
“Si la planta está parada, no hay producción, sin venta no hay facturación, y sin ello no hay transferencias”, añadió el mandatario michoacano, quien reconoció que al momento “sí hay una afectación económica a la empresa, y también a la ciudad de Lázaro Cárdenas”.
