Por Catalina Rosas
Silvina Romano, detalla en su entrevista con “los Periodistas” cómo el lawfare, que implica el uso del sistema judicial para desacreditar o desestabilizar a líderes políticos, ha sido una herramienta utilizada en países como Brasil, Argentina y Ecuador, y ahora también en México. La coordinadora del Observatorio especializado en los mecanismos de poder en el Neoliberalismo, explica en detalle el lawfare y su conexión con las llamadas “guerras blandas”. Según Romano, el lawfare es una parte del poder blando, ya que se utiliza la ley como un arma para debilitar o desestabilizar gobiernos sin recurrir a la violencia militar. Esta práctica implica el uso de acusaciones legales (a menudo infundadas o sin pruebas suficientes) para desacreditar a los líderes políticos, lo que, combinado con la presión mediática, tiene un fuerte impacto en la opinión pública y puede generar una percepción de ilegitimidad en los gobiernos democráticamente elegidos.
Silvina Romano menciona ejemplos claves de este fenómeno, incluyendo el caso de Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y Rafael Correa en Ecuador, señalando cómo los juicios en su contra fueron llevados a cabo con poca o ninguna evidencia sólida. En el caso de México, Romano expresa que Andrés Manuel López Obrador y su administración enfrentaron una situación similar, con un creciente número de demandas judiciales y ataques desde el poder judicial y los medios de comunicación. Las reformas promovidas por AMLO, y obras como la del Tren Maya, entre otras; han sido obstaculizadas a través de litigios masivos, lo que muestra un intento por parte de una minoría privilegiada de frenar los cambios estructurales que podrían afectar sus intereses.
Ella sugiere que el lawfare en México está en sus primeras fases, pero existen paralelismos claros con otros países de América Latina. El uso del poder judicial para bloquear reformas políticas importantes es una táctica conocida. En este sentido, la reforma judicial propuesta por López Obrador enfrenta una resistencia similar a la que otros líderes latinoamericanos han experimentado. Romano también destaca cómo la concentración de medios de comunicación en manos de unas pocas familias poderosas en México amplifica la presión sobre el gobierno, favoreciendo a las élites que se benefician de mantener el statu quo.
El uso político del sistema judicial: una herramienta de control. Romano presenta el lawfare como una herramienta que va más allá de la simple judicialización de la política. Es, de hecho, una estrategia para controlar a los actores políticos progresistas que buscan implementar reformas que desafían el statu quo de las élites económicas y políticas.
En México, Romano identifica que la reforma judicial impulsada por López Obrador ha generado una resistencia judicial intensa. Este proceso muestra cómo los sectores privilegiados utilizan el sistema judicial no solo para desestabilizar, sino también para frenar las transformaciones sociales y económicas que buscan reducir las desigualdades estructurales del país.
El poder mediático como aliado del lawfare. Un aspecto central del lawfare es la colaboración entre el poder judicial y los medios de comunicación. Romano enfatiza que los medios no solo informan, sino que también fabrican narrativas que criminalizan a los actores políticos progresistas. Estas narrativas, amplificadas por los medios de comunicación, juegan un papel crucial en la construcción de percepciones negativas sobre los líderes y sus políticas.
