Por Engels Contreras
Son días difíciles para los poderes constituidos y para la justicia constitucional, el día 5 de noviembre la Suprema Corte de nuestro país sesionará para discutir el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que fundamentalmente plantea la inconstitucionalidad parcial de la reforma judicial.
El ministro plantea conocer y estudiar a través de la acción de inconstitucionalidad el contenido de la reforma constitucional en materia judicial. Lo anterior resulta grave si tomamos en cuenta que no existe facultad constitucional ni legal que permita al alto tribunal poder revisar y controlar los procedimientos de reforma constitucional. La constitución es muy clara en establecer los supuestos de procedencia de la acción de inconstitucionalidad, y en ningún caso se contempla que esta pueda servir para revisar los contenidos de una reforma constitucional.
Al forzar la procedencia para que el pleno de la Corte conozca e invalide la reforma judicial se generará un crisis constitucional provocada por el propio órgano que debería vigilar el cumplimiento de lo establecido en la constitución. Aunado a lo anterior, todos los criterios de la Corte que se generaron, incluso con ministros que hoy ocupan una silla el pleno del máximo tribunal, establecen que es improcedente cualquier medio para invalidar los contenidos de las reformas constitucionales.
Hasta hace poco, derivado de la reforma educativa de Peña Nieto los ministros Pérez Dayán, Aguilar Morales y otras, eran enfáticos en advertir que era improcedente cualquier medio de control contra los contenidos de una reforma constitucional. Hoy es distinto, ante una reforma que toca sus intereses y que ideológicamente no son afines, los mismos ministros van por la invalidación de la reforma judicial. Sin embargo, no se debe perder de vista que esta decisión contramayoritaria puede originar una crisis constitucional, aunque ellos lo saben y es parte de su estrategia.
El atrevimiento del ministro Carrancá transita por dos sinuosos caminos. El primero es que su proyecto de resolución transitará por un camino que carece de todo fundamento constitucional y legal, y el segundo es la apuesta de este ministro y de otras más, de perturbar los mercados para presionar al gobierno y negociar la reforma judicial. Ambos casos parten de distintos puntos pero convergen en una misma estrategia siniestra: desestabilizar al gobierno y generar crisis económica y constitucional para no permitir que se implemente la reforma judicial.
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