Por: Hugo Gama Coria
Ante la poca información, tratando de entender las incipientes declaraciones de los dirigentes del partido que en breve asumirá el poder, respecto a que desaparecerán las delegaciones de las dependencias federales que operan en los estados de la República, para dar paso a una inquietante figura denominada “Coordinador Estatal de Programas de Desarrollo”, que por lo que sea ha leído y se ha difundido, su objeto es adelgazar el aparato burocrático, pero principalmente evitar que los recursos federales pasen por las tesorerías estatales.
Con la mediana información y con las poco claras declaraciones al respecto, dicha figura se enfila a ser un ente concentrador de poder en las entidades federativas, que podría afectar la coordinación entre la federación y los estados, generando competencia directamente con los titulares de los Ejecutivos Estatales.
Dicha posible competencia, afectaría de igual manera la concurrencia de los recursos y la aplicación de políticas públicas conjuntas, ello porque es factible que la federación por medio de su Coordinador, de manera unilateral y concentradora aplique los recursos sin tomar en cuenta a los estados y los municipios, situación que sin duda sería un atentado a la soberanía de las entidades, pues la autonomía se violentaría al ignorar la federación a los gobierno locales, situación que sería contraria al Pacto Federal y a la forma de gobierno establecida por el Constituyente originario.
Además de afectar la soberanía de las entidades, el ejercicio del poder del Coordinador federal, atentaría contra el federalismo, pues en lugar de fortalecer a los estados y municipios, se centraliza el poder, lo cual también serían una serie de violaciones a la Constitución y al espíritu republicano que debe prevalecer, más en un gobierno de izquierda.
De igual manera, la figura de Coordinador, con las dimensiones de poder y de decisión que se presumen hasta ahora, vulneraría la vida democrática del país, ignorando la voluntad popular que ha elegido a sus gobiernos locales, pues nos serían los gobernadores ni los presidentes municipales los que definan el ejercicio de los recursos, las obras o acciones en sus territorios.
La propuesta no es sencilla de ejecutar, cualquier estudioso del derecho o un buen entendedor del Estado, sabe qué hay delegaciones creadas por ley con funciones regulatorias y con capacidad de sanción o poder coercitivo, que desaparecerlas requiere una serie de reformas legales que pueden llegar a tardar hasta un par de años.
Por otro lado, en el supuesto de que dichos Coordinadores exclusivamente sean operadores de los programas sociales, se podría presumir un posible uso político y electoral de dichos programas, situación que pondría en riesgo la relación entre órdenes de gobierno.
Finalmente lo que el próximo gobierno del país debe cuidar, es que se cumpla con la Constitución y las leyes secundarias, respetando en todo momento la forma de gobierno republicana, federal y democrática establecida, así como la soberanía de las entidades federativas, por tal motivo, la propuesta de Coordinadores debe ser presentada con mucha claridad para evitar especulaciones, pero principalmente debe tener espíritu de colaboración y no de subordinación hacía los órdenes estatales y municipales.
OPINIÓN / Inquietudes sobre los Coordinadores Estatales de Programas de Desarrollo.
