Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Adrián López Solís, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, entregó a Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Congreso del Estado, el sexto informe de labores correspondiente al año 2024.
Durante su discurso, López Solís recordó a la fiscalía como un organismo autónomo que, a través de sus ministerios públicos y auxiliares, brindan sus esfuerzos a la justicia, orientándose a aclarar los hechos que la ley señala como delito, así como proteger a los inocentes y reparar el daño a las víctimas.
Para esta labor, resaltó, se requieren perfiles profesionales en equipos multidisciplinarios cada vez más especializados en entornos de alto riesgo, y que, “a pesar de todo”, mencionó, mayoritariamente cumplen con su encomienda para la procuración de justicia.
López Solís reconoció que persiste un rezago en la procuración de justicia, esto debido a la cantidad de casos que diariamente ocurren en Michoacán, en comparación con la insuficiencia de recursos personales de la fiscalía.
“El nuevo sistema de Justicia Penal es cada vez más exigente del cumplimiento de las formalidades procesales en los actos de investigación y desempeño en las audiencias, lo que nos obliga a la máxima optimización de los recursos humanos y materiales, para poder atender la cada vez más creciente cantidad de asuntos que se acumulan por las carpetas de investigación que se tramitan cada año. Pero lamentablemente aún persiste el rezago por la desproporción que prevalece entre la cantidad de casos a resolver y la insuficiencia de los recursos necesarios para ello”.
Destacó también el cumplimiento con los requisitos de ingreso y permanencia que señala la Ley, muestra de ello, son las 3 mil 168 evaluaciones de control y confianza realizadas a nuestro personal en estos seis años, de las que 831 corresponden al 2024.
Entre las cifras a destacar, la FGE inició durante el 2024, 49 mil 394 carpetas de investigación; la judicialización de 7 mil 115 carpetas, es decir en seis años como Fiscalía, elevamos en más de un 159 por ciento el número de carpetas judicializadas.
