Metapolítica
Morelia, Michoacán. – El secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal suspendió de manera provisional la orden de captura contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán.
El juez admitió a trámite la demanda de amparo a favor del también ex aspirante a la presidencia de la república; asimismo, concedió la suspensión y fijó una garantía de 52 mil pesos, que deberá exhibirse en un plazo de cinco días.
Esta medida cautelar también impide que sea privado de su libertad, incluso si se le impone prisión preventiva justificada, hasta que se resuelva la suspensión definitiva.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectiva la orden de arresto. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”, señala el acuerdo.
Aureoles Conejo es acusado de desviar más de 3 mil 400 millones de pesos destinados a la construcción de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán, en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
El 11 de marzo, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, había declarado que el exmandatario se encontraba prófugo, aunque aseguró que “tarde o temprano” sería detenido:
“El exgobernador que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha precisión por todo el gabinete de seguridad y mire, tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda”.
El fiscal también afirmó que cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles intentaron eludir su responsabilidad penal al intentar acogerse al criterio de oportunidad; sin embargo, fueron arrestados y procesados.
Los implicados en este desfalco al erario público son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública; Antonio Bernal, exsecretario de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa.
