Metapolítica
Morelia, Michoacán. — La deuda no es solo económica. También es social, institucional, histórica. A pesar de los avances legales, miles de mujeres siguen enfrentando un sistema que, aunque reformado, aún se muestra renuente a protegerlas. Michoacán se suma oficialmente al territorio RENOA —el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias— pero la pregunta persiste: ¿alcanzan las leyes para garantizar el bienestar de las infancias y sus madres?
“El RENOA es una herramienta nacional, pero en Michoacán se ha robustecido con sanciones civiles que buscan obligar a los deudores a cumplir con la pensión alimenticia”, explicó en entrevista el juez familiar de La Piedad, Alejandro Vargas Nieto. Desde el pasado marzo, quien aparezca en este registro enfrentará consecuencias que van desde la imposibilidad de tramitar una licencia de conducir, hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos, contender en elecciones o contraer matrimonio.
Pero la letra escrita no borra la deuda estructural. Vargas Nieto reconoce que aún hay vacíos, como la falta de homologación del tiempo para la pérdida de la patria potestad por impago. La iniciativa original proponía que con 30 días de retraso se perdiera ese derecho. Finalmente, se impusieron los 90 días estipulados a nivel nacional. “Perder la patria potestad debe ser una consecuencia grave, pero no automática. Muchas veces los retrasos se deben a causas imprevistas”, afirma el juez.
En un país donde 7 de cada 10 madres solteras no reciben pensión alimenticia, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la ley RENOA suena como una promesa. Sin embargo, la realidad dista de ser pareja, sobre todo en comunidades alejadas de las zonas urbanas.
Pensión alimenticia: el derecho que el Estado aún no sabe cobrar
Aunque las reformas endurecen las sanciones, para muchas mujeres el primer obstáculo es dar el paso. “El primer paso es tomar la decisión y acudir a un juzgado de primera instancia para solicitarla”, explica Vargas Nieto. Y aclara: “No se requiere una demanda escrita. La solicitud se puede hacer de manera verbal”. Basta con presentar las actas de nacimiento de los hijos o el acta de matrimonio para que el proceso comience.
Incluso en contextos de violencia familiar, señala el juez, el trámite puede y debe realizarse: “El juzgado está obligado a fijar de manera oficiosa una pensión alimenticia provisional”, siempre que se cumplan los requisitos legales.
Pero ¿desde cuándo comienza a contarse el adeudo? “Si está previsto el pago de la pensión en una fecha específica y no se ha hecho, al día siguiente ya existe un adeudo”, detalla Vargas Nieto. Si no se ha fijado una fecha concreta, la ley establece que debe pagarse por adelantado. “Eso quiere decir que si el primer día del mes no se ha cubierto, ya se puede considerar que hay un adeudo”.
Sin embargo, para muchas mujeres, especialmente en municipios alejados, acceder a esta información y a un abogado capacitado sigue siendo una odisea. Vargas Nieto es claro: “No todos los profesionales del derecho atienden los asuntos familiares de forma adecuada”. Por ello, insiste en que es esencial buscar también acompañamiento psicológico, aunque el tribunal no lo ordene: “Las situaciones que se deciden en un juicio impactan la vida emocional de los involucrados. No deben enfrentarse solas”.
Centros de convivencia: una herramienta ausente donde más se necesita
Uno de los temas más sensibles en los juicios de familia es la convivencia entre menores y padres agresores. Aunque la ley permite visitas supervisadas, los espacios para garantizar su cumplimiento son escasos. “Los Centros de Convivencia existen solamente en uno o dos municipios de los más grandes del estado”, advierte el juez.
En otros casos, el DIF municipal ofrece el servicio, pero con limitaciones. “Se atiende a los horarios laborales de la institución, que no abarcan los fines de semana”, explica. Y en muchos municipios, simplemente no existe este recurso.
La ausencia de infraestructura para vigilar y proteger a las infancias no es menor. “Es de fundamental importancia que se impulsen medidas para que este servicio se otorgue en la mayor cantidad de municipios del estado”, enfatiza Vargas Nieto. El objetivo: “Salvaguardar la integridad física y emocional de las infancias y darles seguimiento con apoyo de trabajo social y expertos en psicología”.
