América Juárez Navarro
Morelia, Mich., Continúan las denuncias contra actos represivos e intimidación en el Albergue para Trabajadores Jornaleros del municipio de Tanhuato, Michoacán, así como el cobro de cuotas ilegales.
Sofía Blanco Red por la Defensa de los Derechos Humanos, denunció que continúan los abusos contra personas jornaleras agrícolas migrantes y residentes del “Albergue para Trabajadores Jornaleros del municipio de Tanhuato, Michoacán”, promovieron un juicio de amparo contra los cobros ilegales y desproporcionados por concepto de “renta” de cuarto en el albergue.
“El cobro es de 210 a la semana por cuarto y está es la parte Marisa porque al ser por cuarto pueden estar dos personas, tres personas o más, pero además cuando son seis les cobran un extra de 35 pesos”, expuso.
Refirió que personas jornaleras agrícolas migrantes y residentes del “Albergue para Trabajadores Jornaleros del municipio de Tanhuato, promovieron un juicio de amparo contra los cobros ilegales y desproporcionados por concepto de “renta” de cuarto en el albergue, en cuartos donde sólo hay dos literas sin colchón, en donde llegan a dormir más de 10 personas, entre niños, niñas y adolescentes, viviendo en condiciones de hacinamiento.
Los problemas refirió iniciaron cuando se dio el cambio de la administración del albergue, que corre actualmente a cargo del Ayuntamiento de Tanhuato, en el pasado se cobraban 35 pesos semanales a cada jornalero y jornalera adulta, sin embargo, en desde hace un años la administración comenzó con una nueva tarifa, se tiene que pagar 210 pesos, sin importar que sólo son 2 personas adultas con niñas o niños, además tienen que pagar un depósito de 210 pesos, pagando en total cada familia 420 pesos.
Denunció que el cobro mencionado es ilegal, pues la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) cuenta con un presupuesto para la administración y operación del albergue.
Agregó que ante este escenario se presentaron dos amparos donde se solicitó la suspensión del cobro de cuotas y que bajo ninguna circunstancia se le impidiera el acceso al albergue a la comunidad jornalera, y aunque el ayuntamiento sabe de estos mandatos judiciales continúan los abusos.