Metapolítica
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó, con 348 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, el dictamen que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional, consolidando su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El proyecto, avalado en lo general y en lo particular con modificaciones el 24 de junio de 2025, reforma ocho leyes relacionadas y abroga la norma vigente de 2019, según informó el pleno de la LXVI Legislatura.
El dictamen establece que la Guardia Nacional será una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Sedena. “La Federación contará con la Guardia Nacional, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial”, señaló la reserva aprobada de la diputada Merary Villegas Sánchez (Morena), que eliminó referencias a personal “de origen militar y marino” para enfatizar su capacitación policial.
La aprobación, respaldada por Morena, PT y PVEM, generó críticas de la oposición. La diputada Margarita Zavala (PAN) argumentó que el dictamen presenta contradicciones con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y elimina requisitos clave, afectando tanto al Ejército como a la Guardia Nacional. “No cuida al Ejército mexicano ni a la Guardia Nacional”, afirmó Zavala, destacando que no se turnó a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis.
Por su parte, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía (PT) defendió la reforma, asegurando que representa “la consolidación de una política de Estado que redefine el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”. Subrayó que la Guardia Nacional, bajo el mando de la Sedena, tendrá mayor capacidad operativa para enfrentar el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana.
La nueva ley otorga a la Sedena atribuciones para operar organismos de inteligencia, coordinados con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información, según el dictamen. Además, precisa que los elementos de la Guardia Nacional que cometan faltas en funciones de seguridad pública estarán sujetos a la jurisdicción civil federal, no militar.
El diputado Emilio Suárez (PRI) calificó la reforma como violatoria de derechos humanos, argumentando que las facultades asignadas son anticonstitucionales. En contraste, el diputado Leonel Godoy (Morena) insistió en que no se busca militarizar el país, sino proporcionar un marco legal que garantice seguridad jurídica y formación policial para las tareas de prevención.
El proyecto también incluye la creación de un fondo permanente desde 2023 para fortalecer las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, con recursos no inferiores al incremento asignado a la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
.){kind=link}