Zuhey Medina / Metapolítica
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, renunció a su cargo y que, de manera interina, Mauricio Pazarán Álvarez ha asumido la responsabilidad de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas, como encargado de despacho de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria destacó que Pazarán, quien se incorporó a la fiscalía hace meses, está familiarizado con el caso y ya ha sostenido reuniones con los familiares de las víctimas.
“Él renunció, él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado Pazarán que fue incorporado como parte de la fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, una reunión ya con él o dos reuniones con él y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad”, afirmó Sheinbaum. La presidenta señaló que el nombramiento oficial de Pazarán está en proceso, pero que actualmente lidera las indagatorias.
Sheinbaum explicó que la investigación del caso Ayotzinapa avanza con nuevas orientaciones, centradas en análisis científicos, revisión de llamadas telefónicas y otros datos contenidos en las carpetas de investigación. Según la mandataria, estos elementos no fueron suficientemente explorados en los últimos años, y los padres y madres de los normalistas han sido informados sobre los avances.
La presidenta resaltó que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 han mostrado buena aceptación hacia el trabajo de Pazarán. “Se está trabajando en ello y en cuanto haya resultados, pues obviamente se le informará después de informarle a los familiares a todo el país”, aseguró Sheinbaum, subrayando el compromiso de transparencia con los padres y la sociedad.
El caso Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, involucra la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un hecho que ha marcado la agenda de derechos humanos en México. La investigación, que ha enfrentado críticas por su manejo en administraciones anteriores, busca esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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