Redacción
Morelia; Michoacán, 26 de agosto de 2018.- Con la aprobación de las reforma a los artículos primero, segundo fracción XI, 11, 13, 16, 23, 25 y 28 de la Ley de Planeación Hacendaria, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, se garantiza la transversalidad y la perspectiva de género en la programación, planeación, aplicación y ejecución del gasto público estatal y de los planes y programas que implemente el Estado.
Los diputados que integran las Comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública e de Igualdad de Género, analizaron la iniciativa presentada por la Legisladora Socorro de la Luz Quintana León y dictaminaron a favor la reforma a los diversos artículos con la finalidad de contribuir a la disminución gradual y permanente de la violencia en contra de la mujer y de las brechas de desigualdad entre las personas sin importar su sexo.
En los considerandos del dictamen se establece la necesidad de que los Gobiernos, actúen para realizar acciones coordinadas que sirvan para la erradicación de la violencia en contra de la mujer, en este caso en concreto en establecer las políticas públicas necesarias.
Con estas reformas se busca reconocer la equivalencia entre mujeres y hombres en derechos, oportunidades, beneficios, participación, con la misma representación en la vida pública y política, en tanto que la equidad de género significa reconocer la necesidad de un trato imparcial o diferenciado entre hombres y mujeres, de acuerdo de con sus respectivas necesidades para que ambos puedan acceder en las mismas condiciones a los derechos y las oportunidades.
Con la inclusión de la perspectiva de género se fomentara una sociedad más justa, equitativa, democrática y participativa, además de poder establecer las bases para un crecimiento social, cultural, político, religioso, educativo y profesional, contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas.
La responsabilidad de poner en funcionamiento la transversalizacion, incluye a todo el estado, desde los niveles más altos, representados por las autoridades superiores de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hasta el gestor público de menor rango; para lo cual es necesario establecer mecanismos adecuados y confiables que permitan una evaluación objetiva de los progresos que se vayan logrando, y el seguimiento adecuado de los mismos y asegura un desarrollo efectivo y pertinente.
Con la aprobación de las reformas en forma unánime se armoniza el marco jurídico con las leyes federales y se adopta líneas estratégicas sobre perspectiva o igualdad de género en armonía con los planes estatales y nacionales de desarrollo.
