Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que agrupa a autoridades tradicionales de 80 comunidades indígenas y afromexicanas, denunció públicamente la exclusión y segregación sistemática por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la implementación del Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano de la Costa de Michoacán.
La denuncia fue realizada durante una rueda de prensa encabezada por autoridades de la comunidad afromexicana de El Ticuiz, municipio de Coahuayana, un asentamiento reconocido por ser único en su tipo en la entidad.
El señalamiento principal recae en el titular del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas del INPI en El Duin, Gerardo Cervantes Gutiérrez, a quien acusan de bloquear la participación de las autoridades tradicionales afrodescendientes en las reuniones clave y en la conformación de los Comités de Obra Pública, transgrediendo con ello sus derechos colectivos.
El CSIM sostuvo que la máxima autoridad en estas comunidades, ya sean indígenas o afromexicanas, es la Asamblea General, la cual, según el comunicado, no ha sido convocada para decidir sobre la integración de dichos comités. Esta omisión es vista como una vulneración directa a sus usos y costumbres.
Pavel Uliano Guzmán, vocero del CSIM, detalló en la conferencia de prensa la gravedad de la situación, señalando que la creación de comités de obra sin la convocatoria adecuada sienta un precedente peligroso para futuros proyectos dentro del plan de justicia.
“El problema es que si le permiten los compañeros que se siente ese precedente todas las obras que vengan a continuación van a querer ellos convocar y crear a los comités de obra cuando es una atribución de la autoridad tradicional en las comunidades afromexicanas. El problema es que el INPI, en particular el centro Coordinador de Aquila del DUIN está haciendo comparsa cuando debiera de convocar a todas las partes y llegar al acuerdo que quien tiene que convocar es la autoridad tradicional y quien tiene que decidir cómo se conforman estos comités, es todo el pueblo, no es los ejidatarios, es toda la comunidad.”
El Consejo Supremo Indígena considera que el Plan de Justicia nace ya con un sesgo discriminatorio al no contemplar la participación formal de las autoridades tradicionales y habitantes afromexicanos, lo cual califican de “gravísimo”. Recordaron que esta exclusión ya se ha manifestado en otras reuniones regionales convocadas por el INPI.
Como medida de presión, el CSIM informó que el pasado 15 de diciembre, comunidades de El Ticuiz, Boca de Apiza y Ojo de Agua, realizaron una toma pacífica de las instalaciones del INPI en Aquila. Además, emplazaron al Instituto a cesar la segregación y establecer una mesa de diálogo en la primera semana de enero, específicamente el 9 de enero.
En caso de no obtener acuerdos o una convocatoria formal que respete la autoridad comunitaria, el Consejo Supremo advirtió con una escalada en sus acciones. Uliano Guzmán concluyó la exposición con una advertencia clara sobre las consecuencias de mantener la exclusión:
“Si no cumplen porque ya se hab comprometido también el INPI a acudir allá con los compañeros del Ticuiz directamente y no han asistido, todo lo hacen desde el escritorio y en caso de que no cumplan con esto vamos a tomar todas las instalaciones del INPI Michoacán.”
, que agrupa a autoridades tradicionales de 80 comunidades indígenas y afromexicanas, denunció públicamente la exclusión y segregación sistemática por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la implementación del Plan de Justicia del Pueblo Nahua y Afromexicano de la Costa de Michoacán.){kind=link}