La presidenta de México señaló que la resistencia a la revocación de mandato en 2027 obedece al temor de algunos partidos de perder votación; reiteró que el objetivo central de la reforma es liberar recursos para servicios básicos.
Zuhey Medina / Metapolítica
Ciudad de México.— Tras la aprobación del “Plan B” de la reforma electoral en comisiones del Senado —marcada por la ausencia de los legisladores del Partido del Trabajo (PT)—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el fondo de la discusión se ha desviado hacia intereses electorales, dejando de lado el propósito principal de la iniciativa: la eliminación de privilegios.
La mandataria sostuvo que el debate actual se ha centrado casi exclusivamente en la posibilidad de que la consulta de revocación de mandato coincida con las elecciones intermedias de 2027, un punto que ha generado fricciones incluso con sus aliados.
El temor a la boleta de 2027
Sheinbaum Pardo fue clara al señalar que la oposición del PAN, PRI y MC es sistemática, pero sugirió que en el caso de otras fuerzas que han acompañado el proyecto, la resistencia responde a una preocupación por el flujo de votos.
“Hay quien piensa que se van a reducir sus votos porque vaya la presidenta en la boleta en el 27, entonces no lo quieren aprobar. Hay otros de los que han venido con el proyecto que temen ver reducida su votación; esa es la verdad, no tiene nada que ver con otra cosa”, sentenció.
La presidenta argumentó que los procesos son distintos y que la votación para gobernadores, alcaldes y diputados no tendría por qué verse afectada por un ejercicio de democracia directa, especialmente cuando la propuesta incluye que no se utilicen tiempos oficiales para promoción partidista, sino únicamente para informar sobre la realización de la consulta.
Austeridad y recursos para la gente
La titular del Ejecutivo Federal defendió la propuesta de realizar todas las votaciones en una misma jornada por una cuestión de optimización de recursos. Sin embargo, enfatizó que, más allá de la fecha de la revocación, la prioridad de su gobierno es la reasignación del presupuesto.
“Lo que más nos importa a nosotros es lo de reducir los privilegios y que la gente pueda tener recursos para agua potable, para drenaje, para pavimentación, para luminarias; para lo que deben destinarse la mayor parte de los recursos públicos”, subrayó.
La revocación como derecho, no como obligación
Finalmente, recordó que, aunque la revocación de mandato es un mecanismo para que la ciudadanía valore el desempeño del presidente, este proceso no es automático, ya que la Constitución exige un número determinado de firmas para ser solicitado.
“Es importante que haya una valoración de la ciudadanía, pero depende de los senadores. Nosotros planteamos la posibilidad de que pueda ser a la mitad del sexenio o un año después”, concluyó, dejando la resolución final en manos de la Cámara Alta, donde se espera que el dictamen sea votado este miércoles en el Pleno.
