Con una votación unánime de 458 votos, la reforma al artículo 127 constitucional impulsada por Claudia Sheinbaum avanza en lo general; Pemex y CFE, en la mira de la nueva regulación de austeridad.
Metapolítica
Ciudad de México.— En una sesión histórica marcada por el consenso absoluto, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional al Artículo 127, la cual establece un límite estricto a las remuneraciones, pensiones y jubilaciones de exfuncionarios de alto mando en organismos públicos y empresas paraestatales.
Con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el pleno del Palacio de San Lázaro dio luz verde a esta iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca erradicar las llamadas “pensiones doradas” en sectores clave como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El tope: No más de 70 mil pesos mensuales
La esencia de la reforma radica en la homologación de los ingresos de retiro bajo el principio de austeridad republicana. El dictamen establece que ninguna jubilación o pensión de exfuncionarios de confianza podrá exceder la mitad de la remuneración que perciba el titular del Ejecutivo Federal.
Actualmente, esto se traduce en un monto máximo aproximado de 70 mil pesos mensuales, impactando directamente en los esquemas de retiro de la alta burocracia que históricamente superaban con creces dicha cifra.
El debate: ¿Derechos adquiridos o carga al erario?
A pesar del respaldo unánime en lo general, la discusión en lo particular se anticipa intensa debido a las reservas presentadas. La postura oficial del Gobierno Federal y los legisladores oficialistas sostiene que estos esquemas de retiro representan una carga financiera insostenible para el erario público, además de constituir una afrenta directa a los principios de equidad social que busca la nueva administración.
Por otro lado, existe una resistencia de diversos sectores, donde sindicatos y trabajadores retirados defienden que estas jubilaciones son derechos adquiridos tras décadas de servicio. Advierten que la reforma podría incurrir en una violación al Artículo 14 constitucional, el cual prohíbe estrictamente la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de las personas.
Especialistas en derecho constitucional ya anticipan un escenario de litigios masivos si la iniciativa se aplica a quienes ya gozan de estos beneficios, lo que podría llevar la resolución final hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tras la votación en lo general, los legisladores continuarán con el desahogo de las reservas antes de que el dictamen sea turnado al Senado de la República para su eventual ratificación.
