Un juez de Michoacán emitió órdenes de aprehensión contra el exgobernador, el exsecretario de Seguridad Juan Bernardo Corona y 14 policías; se les vincula con el operativo de 2017 que dejó cuatro comuneros muertos.
Metapolítica
Morelia, Michoacán.— Un juez estatal emitió este viernes una orden de aprehensión en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el año pasado. Los delitos que se le imputan son homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, derivados de un operativo policial ocurrido hace nueve años en la comunidad indígena de Arantepacua.
La Fiscalía General del Estado (FGE) también obtuvo mandamientos judiciales de captura contra el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 elementos policiales que participaron en la irrupción a la comunidad purépecha en el municipio de Nahuatzen.
El origen: La masacre de Arantepacua
La justicia vincula al exmandatario con los hechos del 4 y 5 de abril de 2017. En aquella ocasión, Aureoles autorizó un despliegue de fuerza pública para liberar cerca de un centenar de camiones de carga que los pobladores mantenían retenidos como medida de protesta.
Sin embargo, el operativo derivó en una irrupción violenta que dejó un saldo de cuatro comuneros muertos por heridas de bala. En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó la existencia de “violaciones graves” a las garantías individuales durante la intervención de los agentes, respaldando la demanda histórica de las comunidades indígenas que exigían ver al exgobernador en el banquillo de los acusados.
Doble cerco judicial
Esta orden de aprehensión local se suma a los problemas legales que el político ya enfrenta a nivel federal. Silvano Aureoles tiene abierto un proceso por un presunto desfalco de 3,142 millones de pesos, relacionado con la simulación de arrendamientos para la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su administración (2015-2021).
Pese a que el exmandatario ha intentado descalificar las investigaciones calificándolas como “persecución política”, la emisión de estas órdenes por delitos de sangre y tortura representa el avance más significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de Arantepacua, quienes por casi una década han denunciado el uso desproporcionado de la fuerza pública bajo su mandato.
Prófugo de la justicia
Hasta el momento, se desconoce el paradero exacto de Aureoles Conejo, quien dejó de aparecer en eventos públicos desde el año pasado tras hacerse visibles las indagatorias en su contra. Las autoridades estatales y federales mantienen la alerta para lograr su captura, así como la de los exfuncionarios y policías implicados en la cadena de mando que ordenó y ejecutó el operativo en la Meseta Purépecha.
