La propuesta, impulsada por el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, busca armonizar el marco local con la Ley General de 2024; el proyecto plantea priorizar el diálogo sobre el litigio y otorgar validez de sentencia a los acuerdos logrados mediante mediación.
Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán.— El diputado local Juan Antonio Magaña de la Mora presentó públicamente la iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Michoacán. La propuesta busca resolver conflictos legales de forma expedita y fortalecer la convivencia en los ámbitos familiar, escolar y comunitario.
Magaña de la Mora señaló que esta ley responde a la necesidad de armonizar la legislación estatal con la Ley General publicada en 2024, con el fin de establecer en la entidad un marco normativo para la justicia restaurativa y la negociación colaborativa.
“Proponemos una ruta distinta: menos confrontación y más diálogo; menos litigio y más acuerdos. Esta ley impulsa mecanismos como la mediación, la conciliación y la negociación colaborativa. La paz no se decreta, se construye en cada familia y cada escuela”, afirmó el legislador.
Convenios con peso de sentencia
Uno de los puntos técnicos de la iniciativa es el valor legal que adquieren los acuerdos alcanzados a través de estos medios. La facilitadora certificada María del Pilar Chávez Franco explicó que, bajo este nuevo marco, los convenios suscritos ante facilitadores tendrán el valor de cosa juzgada, equiparándose a una sentencia judicial.
“Si estás certificado conforme a la Ley General, tus convenios tienen eficacia de cosa juzgada. Esto exige una capacitación y evaluación teórica-práctica muy rigurosa para los facilitadores, tanto públicos como privados”, detalló Chávez Franco.
Además, destacó que las certificaciones obtenidas bajo este esquema tendrán validez nacional, permitiendo un estándar de competencia uniforme en todo el país.
Análisis del sistema judicial y atención a víctimas
Por su parte, el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Víctor Manuel Serrato, se pronunció a favor de la iniciativa al referir la carga de trabajo que enfrenta actualmente el sistema de justicia. Informó que en 2025 se registraron más de 17,000 víctimas en el estado y los abogados victimales asistieron a más de 13,000 audiencias.
“Si una de las partes no asiste a una audiencia, la justicia se difiere. Esta ley será una herramienta para encontrar soluciones a los conflictos sin dilatar los procesos, protegiendo los derechos de las víctimas”, comentó Serrato.
Justicia civil y familiar, no penal
Durante la presentación, se realizó una precisión importante para delimitar los alcances de la norma: esta ley está enfocada en la solución de controversias de carácter civil, familiar y comunitario, por lo que no entra dentro del ámbito de delitos penales, los cuales cuentan con sus propios ordenamientos de justicia alternativa.
La iniciativa contempla la participación de facilitadores del sector público (Poder Judicial) y del sector privado, siempre que cumplan con los lineamientos nacionales de certificación y evaluación constantes.
