El gobernador de Michoacán diferenció los esquemas de seguridad indígena legalmente constituidos, como el de El Coire, frente al grupo que opera en Ostula. En tanto, la fiscalía detalló que el ataque a comuneros de Pómaro en Coahuayana se perpetró con armas de grueso calibre.
Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán, a 3 de junio de 2026.— El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, marcó una postura institucional respecto a los esquemas de seguridad comunitaria en la región de la Costa, al señalar que la supuesta ronda que opera en la localidad de Santa María Ostula carece de validez legal al no cumplir con las normativas del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla contrapuso esta situación con los avances en los autogobiernos de los municipios de Aquila y Coahuayana, donde las comunidades indígenas han optado por las vías procedimentales y constitucionales para dar de alta a sus cuerpos de vigilancia.
“En Ostula tenemos dificultades porque tienen una supuesta ronda que no responde a un autogobierno, que no tiene C3 (control de confianza), que no tiene capacitación y no cumple con la ley nacional de seguridad pública”, precisó el titular del Ejecutivo estatal.
El mandatario subrayó que en dicha localidad existe un rechazo constante a las intervenciones de las corporaciones federales y estatales, como la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Civil. Al respecto, advirtió que para que este grupo sea considerado legal, la comunidad debe primero transitar formalmente al autogobierno.
“Mientras no haga eso, no es legal de ninguna manera; sería mentirles. Al contrario, se está trabajando en toda la costa con la Marina y con la Defensa Nacional… son cosas distintas, no nos confundamos”, matizó Ramírez Bedolla.
El contraste: El Coire y el respaldo a la transición de Pómaro
Para ejemplificar el modelo que el Gobierno del Estado respalda, el gobernador expuso la situación geográfica y política de Aquila —un territorio de dimensiones superiores a la entidad de Colima—, donde la comunidad de El Coire ya ejerce su autogobierno de manera exitosa. Sus elementos de ronda comunitaria cumplen a cabalidad con la capacitación y sus debidas acreditaciones oficiales de control de confianza.
Bajo este mismo esquema legal, el gobernador refrendó su total apoyo a la comunidad de Pómaro, la cual ya cuenta con una Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) permanente tras un proceso de reforzamiento conjunto.
“Pómaro va a llevar su asamblea rumbo al autogobierno en próximos días; la comunidad quiere replicar el modelo de El Coire. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), una vez que haya condiciones de seguridad, dará fecha para la asamblea comunal”, detalló Alfredo Ramírez Bedolla.
FGE abre líneas de investigación por multihomicidio en la Costa
Por su parte, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó sobre las acciones ministeriales emprendidas tras el asesinato de tres personas en los límites de la región costera, específicamente sobre la carretera 200, a la altura de la localidad de Colola. Entre las víctimas fatales se identificó al tesorero y al secretario de la comunidad de Pómaro.
Torres Piña desglosó que tras recibir la alerta el pasado 28 de mayo, el personal pericial adscrito a Coahuayana se trasladó al lugar de los hechos, donde localizó una camioneta Frontier color gris con dos cuerpos en el interior de la cabina y uno más en la caja del vehículo.
“Es donde hacen los disparos. Una cantidad importante de casquillos fueron localizados de un solo calibre, como se le conoce al ‘cuerno de chivo’ (7.62x39mm); es el único calibre que se utilizó en el lugar”, expuso el fiscal de Michoacán.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) aclaró dos puntos medulares sobre la mecánica del crimen: por un lado, se determinó que los acompañantes que viajaban en la batea del vehículo eran maestros que habían pedido un aventón (raite) para trasladarse. Por el otro, se confirmó que la unidad motriz no era propiedad comunal, sino un préstamo.
“Se está investigando al dueño de la camioneta porque él refiere que había sido amenazado ya con anterioridad. Estamos dándole seguimiento a estas dos líneas: la de los fallecidos, que eran el tesorero y el secretario de la comunidad de Pómaro, y la del dueño de la camioneta”, concluyó Carlos Torres Piña, al asegurar que la institución ya recaba las entrevistas correspondientes para esclarecer el caso.
