Fabiola Alanís calificó de “espantosa e ilegal” la apología del delito en el Pleno; la diputada Emma Rivera advirtió que las sanciones penales y administrativas deben recaer sobre el petista y no sobre el Poder Legislativo.
Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán, a 16 de junio de 2026.— La crisis institucional en el Congreso del Estado de Michoacán tras la interpretación de un narcocorrido en el Salón de Plenos escaló este martes. La diputada con licencia Fabiola Alanís Sámano reveló que el Grupo Parlamentario de Morena solicitó formalmente al Partido del Trabajo (PT) la remoción de Baltazar Gaona García de la presidencia de la Mesa Directiva desde hace más de un mes y medio, debido a su comportamiento “polémico”.
En conferencia de prensa, Alanís Sámano lamentó que el legislador petista haya hecho caso omiso a los reiterados llamados al orden que se le hicieron de manera interna en los órganos de gobierno del Congreso, lo que derivó en el escándalo del pasado 10 de junio durante un festejo del Día del Padre.
“Tuvimos una reunión de Jucopo hace como mes y medio; pasamos como dos horas tratando de convencer al diputado de que hay cosas que no se deben de decir y hacer, y de todas maneras las dice y las hace. Asumir la presidencia del Congreso tiene una gran responsabilidad y quien esté ahí tiene que entender que hay que cuidar lo que se dice y lo que se hace. Por ejemplo, esa cosa espantosa, horripilante e ilegal que hicieron de poner a cantar ahí a una banda, a un grupo que hace apología del delito, me parece que fue desastroso”, sentenció la morenista.
La aspirante a la coordinación estatal de la 4T remarcó que la solicitud para que el PT proponga a otro perfil para encabezar la Mesa Directiva sigue firme y “en su cancha”, enfatizando que la disculpa pública ofrecida por Gaona García confirma que los hechos ocurrieron a título estrictamente personal, por lo que no se debe descalificar a la institución en su conjunto.
Sanciones administrativas y penales deben ir contra el diputado, no contra el Congreso
Por su parte, la diputada local Emma Rivera Murillo desglosó las implicaciones legales que enfrenta el presidente del Congreso, precisando que existen dos vías jurídicas simultáneas que no dependen la una de la otra y que deben ejecutarse de manera individualizada.
La primera de ellas corresponde al Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno (Segob), derivado del decreto estatal que regula los eventos públicos.
“La sanción que sea administrativa, que puede ser de multa, tendría que recaer sobre la persona y no sobre el Congreso. Lo que sucedió en el Congreso, incluso en el Salón de Plenos, pues no es parte de las facultades ni de la representación del diputado Baltazar; entonces tendría que hacerse una diferencia de que se está actuando no como representante, sino a título personal”, explicó Rivera Murillo.
La cancha penal le toca a la Fiscalía
Respecto a la vertiente criminal, la legisladora Emma Rivera recordó que la actual legislatura tipificó la apología del delito dentro del Código Penal de Michoacán como una conducta punible, por lo que el deslinde de responsabilidades ya se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Nosotros consideramos que ese tema está en la cancha de la Fiscalía y tendría que ser la Fiscalía quien deslinde o haga los procesos de investigación que corresponden y fijen las responsabilidades a quien cometió alguna acción, si es que encuadra en el tipo penal que nosotros legislamos en el Congreso”, apuntó.
Finalmente, Rivera Murillo aclaró que el decreto del Ejecutivo contempla medidas de carácter administrativo —como la suspensión de eventos, multas o clausuras—, mientras que el ámbito penal corre por una cuerda separada y de oficio. “No es que sea antes un proceso administrativo y después un proceso penal; los dos incluso podrían subsistir de manera simultánea”, concluyó.
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