Denuncia la CCAOS ocupación policial nocturna de “Lo Común”; acusa al Gobierno de Michoacán de romper el diálogo

Integrantes de la organización señalaron que la Guardia Civil y la FGE aseguraron el inmueble de la colonia Obrera sin orden judicial previa, vinculando el desalojo al plan de desincorporación de 34 bienes públicos.

Zuhey Medina / Metapolítica

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.— La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) denunció públicamente que la noche del 9 de julio, alrededor de las 23:00 horas, elementos de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado (FGE) ocuparon las instalaciones del inmueble autogestivo denominado “Lo Común”. El recinto, ubicado en la calle Héroes de Nacozari #370 de la colonia Obrera en esta capital, se mantenía bajo resguardo pacífico por parte del movimiento civil desde el pasado 1 de mayo.

A través de un comunicado de prensa, la organización acusó que el despliegue policial se ejecutó sin que mediara una notificación oficial previa, explicación formal o una orden judicial que avalara el desalojo y el aseguramiento del perímetro, donde el personal de la fiscalía local procedió a colocar sellos e instalar una guardia permanente.

Señalan contradicción y simulación por parte del Ejecutivo estatal

La portavocía de la CCAOS calificó el acto como una muestra de represión y simulación institucional, contrastando la irrupción nocturna con el compromiso público asumido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el pasado 28 de mayo. En dicha fecha, el mandatario estatal había ofrecido el establecimiento de una mesa de diálogo vinculante junto a los activistas y vecinos del sector para consensuar el destino del espacio.

“El gobierno de Bedolla nos habla de diálogo mientras actúa a escondidas, de madrugada y sin dar la cara. No hay voluntad de entendimiento: hay una decisión tomada de desalojar y criminalizar nuestro movimiento”, expuso la vocera de la coordinadora.

Detectan inconsistencias legales en carpeta de la Fiscalía

La representación jurídica del movimiento civil expuso que, si bien en el acceso al inmueble se constató el inicio de la carpeta de investigación FRM0129258/2026 por parte de la Fiscalía Regional de Morelia, el procedimiento carece de las garantías plasmadas en el artículo 16 de la Constitución Federal. Argumentaron que no hubo una fundamentación legal notificada a sus representantes ni se justificó la necesidad del uso de la fuerza pública para la recuperación del predio.

Ante esta situación, el bloque de colectivos emitió un pliego de cuatro exigencias fundamentales hacia las autoridades estatales:

  1. Transparencia legal: Explicar bajo qué fundamentos normativos y de manera pública se ordenó el despliegue de las corporaciones policiales.
  2. Acceso a pertenencias: Garantizar el ingreso seguro de los activistas para la debida recuperación de sus documentos, materiales y objetos personales resguardados al interior.
  3. Integridad física: Salvaguardar la seguridad de los integrantes del movimiento y descartar cualquier clase de represalia posterior.
  4. Respeto a la protesta: Cese a la criminalización de la manifestación social y de la ocupación pacífica de inmuebles en abandono como método de resistencia.

Contexto: La desincorporación de 34 inmuebles públicos

La coordinadora contextualizó que el desalojo de “Lo Común” —espacio que operaba como centro cultural autogestivo con talleres artísticos, biblioteca y formación política— no constituye un hecho aislado. Indicaron que la propiedad forma parte de un paquete de 34 inmuebles de propiedad estatal que el Gobierno de Michoacán promueve para su desincorporación y venta, con un valor estimado global superior a los 721 millones de pesos.

La organización alertó que, de acuerdo con la información documental a la que han tenido acceso, diversos de estos predios públicos ya se encuentran comprometidos de manera informal con desarrolladores privados, grupos financieros y franquicias comerciales, por lo que llamaron a la ciudadanía y a los sectores estudiantiles y comunales a movilizarse en defensa del patrimonio público.

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