Dictan tres años de internamiento a Osmar N. por el feminicidio de dos profesoras en el caso Makarenko

El órgano jurisdiccional impuso la pena máxima permitida para menores de edad por el crimen de las docentes en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Zuhey Medina / Metapolítica

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2026.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo mediante procedimiento abreviado una sentencia de tres años de internamiento en contra del adolescente Osmar N. (identificado bajo las iniciales O.H.A.), tras acreditarse su responsabilidad en el feminicidio de dos profesoras en el colegio Makarenko del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, expuso los datos de prueba que acreditaron la culpabilidad del menor de 15 años en el crimen cometido el pasado 24 de marzo en agravio de las docentes María del Rosario S. y Tatiana B. (Madrigal).

Pena máxima y reparación del daño en el caso Makarenko

Durante la audiencia, el Juez Especializado en Justicia para Adolescentes dictó la medida de internamiento por el periodo de tres años en contra de Osmar N., lo cual representa la sanción penal máxima establecida en la legislación vigente para infractores menores de edad.

La resolución judicial en Lázaro Cárdenas, Michoacán, también contempla una sanción económica que supera los 3 millones de pesos por concepto de reparación integral del daño en favor de los familiares de las víctimas.

La autoridad judicial formalizó el cierre del proceso contra Osmar N. bajo los lineamientos del sistema de justicia especializado y con apego a los criterios del interés superior de la niñez.

Antecedentes y el impacto político del caso

El doble feminicidio, perpetrado dentro de las instalaciones del Colegio Makarenko, marcó a la comunidad escolar luego de revelarse que fueron los propios estudiantes de la preparatoria quienes desarmaron y detuvieron a Osmar N. al momento del ataque. A lo largo del proceso judicial surgieron diversas complicaciones en las indagatorias, entre ellas la falta de localización del teléfono celular del imputado debido a la omisión de datos por parte de su familia, así como la exigencia de los familiares de las víctimas para ampliar los estudios de necropsia y las denuncias de una ola de amenazas dirigidas a planteles escolares.

La tragedia trascendió el ámbito local y generó un debate a nivel nacional sobre los alcances del Sistema de Justicia para Adolescentes. Mientras que figuras como Hugo Gama Coria urgieron a abrir una discusión parlamentaria abierta, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció el envío de una iniciativa de ley para juzgar como adultos a menores involucrados en delitos graves. Asimismo, el caso provocó la reacción del gobierno federal, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo proyectó el despliegue de un programa nacional de salud mental enfocado en la prevención de la violencia en el entorno educativo.

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