Héctor Tapia
Pagos injustificados, contratos fuera de la norma, y observaciones del periodo 2015-2018 que asciende a los 193 millones 694 mil 745 pesos, fue lo que heredó Alfonso Martínez Alcázar a la actual administración de Morelia que encabeza Raúl Morón Orozco.
Estas observaciones resultaron del proceso de Entrega-Recepción, del cual el alcalde moreliano detalló en rueda de prensa algunas de las irregularidades que fueron notificadas a la Auditoría Superior de Michoacán, según lo dispuesto por la Ley.
De la misma forma estas observaciones se hicieron de conocimiento de la Contraloría Municipal, “a efectos de que se continúe con los procesos de investigación respectivos”, destacó el alcalde ante los medios de comunicación.
Refirió que de acuerdo a la misma ley “todo ciudadano señalado como responsable de una falta administrativa, tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que no se demuestre más allá de toda duda razonable, su culpabilidad”.
Entre las irregularidades se detalló que se detectó un contrato con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2021; del cual no se precisó el monto total del adeudo, aunado que no se indicó con qué fecha se emitió el oficio por parte de la Dirección de Alumbrado, para informar a la Sindicatura y a la Tesorería, la suspensión de contrato de autoabastecimiento de energía a dicha empresa, debido a que no se le han pagado facturas tramitadas por la aludida Dirección de Alumbrado. Violando con ello, el Acuerdo Mediante el cual se Establecen los Lineamientos y Criterios para la Elaboración, Revisión, Registro y Seguimiento de Convenios y Contratos del Ayuntamiento de Morelia.
También se cuenta con una Auditoria pendiente por solventar respecto a la Fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017. FORTAMUN-DF-2017, por un importe de $17’708,743.51.
Además, detalla, se tienen identificados plenamente la firma de 96 contratos de asesoría externa por pago de honorarios profesionales, dándose la formalización de éstos durante los últimos 9 nueve meses del trienio 2015-2018, del Ayuntamiento Independiente de Morelia, mismos que no cumplen con los requisitos establecidos.
Otros aspectos, que a continuación se enumeran, detallan otras irregularidades:
- Algunos formatos no fueron requisitados debidamente por el responsable de la información. (Careciendo de las firmas y los sellos correspondientes, faltando además datos de identificación inherentes a los citados documentos. etc.)
- Los inventarios de bienes muebles del patrimonio municipal de algunas Dependencias, carecen de firmas del Director de Patrimonio Municipal en funciones al 31 de agosto de 2018.
- Se derivó la existencia de obligaciones de pago a favor de personas físicas, SIN EXISTIR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL y no se especificaron los servicios o bienes proporcionados, así como el nombre y puesto del servidor público que los recibió.
- Se detectaron pagos a servidores públicos como compensación monetaria, sin indicar la normatividad aplicable para el uso de esos recursos públicos en el concepto referido.
- Se detectaron diversos faltantes de bienes muebles que forman parte del universo de patrimonio municipal, sin que exista algún documento que avale o justifique esas acciones y omisiones.
- Respecto a los sistemas informáticos no se indicó el porcentaje de avance dentro de la fase de su desarrollo y mantenimiento; desconociendo la fuente de financiamiento, además de que en algunos casos no se cuenta con licencias oficiales para su operación.
- Se detectaron avalúos comerciales, sin el contrato respectivo que avale la prestación de esos servicios profesionales.
- Se detectó la falta de integración de diversos expedientes técnicos de obra. (expedientes Incompletos).
- Respecto a programas sociales, que fueron suspendidos por la veda electoral, se verificará la meta del programa en relación con lo que real y materialmente se entregó, así como lo que actualmente existe en bodegas.
Ante esto, Morón Orozco dijo que “los servidores públicos tenemos la inalienable obligación de salvaguardar la dignidad, la honra y los derechos humanos de las personas, aún y cuando estén sujetas a una investigación o procedimiento de responsabilidad administrativa; es por ello, que esta administración que me permito encabezar, no hará ningún señalamiento público de nombres o datos personales que relacionen o identifiquen con la comisión de ilícitos o faltas administrativas, en tanto no exista resolución firme dictada por la autoridad competente”.
