Redacción
• Con la ampliación de las figuras delictivas a sancionar se da mayor certeza jurídica
• Se pretende que la delincuencia no logre evadir la acción de la justicia
En la sesión de hoy, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez enfatizó que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se tiene el firme compromiso de impulsar una legislación que combata a la delincuencia, en aras de la que la sociedad cuente con tranquilidad en su seguridad, vida y patrimonio.
Expuso que a pesar de que el concepto de extinción de dominio, desde su creación, tuvo el propósito de despojar a los delincuentes de bienes muebles o inmuebles que haya adquirido producto de su actividad, esta figura no ha tenido los alcances necesarios para inhibir hechos ilegales.
Recalcó que durante muchos años a quien delinquía la sanción que se le imponía solo era pena privativa de la libertad. “En el mejor de los casos se le obligaba a la reparación del daño, pero el producto de la actividad ilícita se mantenía intocable y a los delincuentes no les importaba estar unos años en la cárcel”.
En tribuna, al hablar a favor del dictamen que reforma el artículo 22 de la Constitución Política en materia de extinción de dominio, la legisladora se congratuló de dichas modificaciones, ya que de esta manera se da mayor certeza jurídica, con lo que se pretende que la delincuencia no logre evadir la acción de la justicia.
Explicó que además se da una ampliación de figuras delictivas, “como son: hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.
La parlamentaria por Michoacán indicó que de esta forma quedan incorporados conceptos cuya repercusión implican un daño a la economía nacional y, también, el agravio a sectores sociales o personas, “como las mujeres, que son explotadas sexualmente; y, por supuesto, en caso de que servidores públicos cometan actos de corrupción se les podrá privar de los bienes ilícitamente obtenidos.
Otro de los beneficios, añadió, es que se plantea que un juez civil pueda intervenir, de manera autónoma, en el proceso penal en materia de extinción de dominio “y no solo un juez penal, como marca la ley actualmente”.
Finalmente, la petista subrayó que los legisladores pueden tener diferencias políticas e ideológicas; “sin embargo, en lo que debemos estar de acuerdo y coincidir es en el combate frontal a la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestro país, y que ha despojado a miles y a millones de mexicanos”.
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