América Juárez Navarro
Morelia, Mich., Los diputados integrantes de la 74 Legislatura aprobaron en lo general y particular la Ley de la Fiscalía General del Estado, en donde los diputados de Morena y Partido del Trabajo se reservaron diversos artículos, propuesta en dónde sólo prosperó la creación de la Fiscalía especializada en delitos contra el medio ambiente y la fauna.
Al final sólo quedaron siete Fiscalías que estarán dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado, además que se hicieron modificaciones al artículo 30 para evitar la violación del principio de presunción de inocencia.
Durante la votación los diputados del Partido del Trabajo y de Morena manifestaron su inconformidad por desechar prácticamente la mayoría de las propuestas presentadas para modificar la Ley, entre las que destacaba la creación de una Fiscalía contra delitos sexuales, y la facultad al Congreso del Estado para designar a los fiscales regionales y especializados, a lo que se opusieron otras fuerzas políticas, que alertaron del riesgo de que dichos nombramientos caigan en manos de perfiles con intereses políticos muy particulares.
El dictamen inicial tuvo diversas modificaciones y finalmente contempla que el Fiscal General podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, previa solicitud escrita hecha por la menos el cincuenta por ciento más uno de los diputados, misma que será turnada a la Comisión de Justicia para su estudio, análisis y dictamen. Esto es, se reduce el umbral del número de diputados necesarios para solicitar la remoción del fiscal.
También para garantizar la perspectiva de género en la investigación y persecución de los delitos y en el ejercicio de la acción penal, se establece estas obligaciones para el Ministerio Público.
Se crea la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos y libertad de expresión y se se modifica la integración del Consejo Consultivo, el cual estará conformado por el Fiscal General, quien será su presidente; cinco consejeros ciudadanos, expertos en temas de procuración y administración de justicia, investigación criminal y derechos humanos; un representante del Poder legislativo; un representante del Poder Ejecutivo; un representante del Poder Judicial; y un servidor público designado por el Fiscal General, quien fungirá como secretaria técnico.
Los consejeros ciudadanos serán mayoría en dicho Consejo, durarán en su encargo cuatro años y serán designados en igualdad de género por el Congreso del Estado, con posibilidad de ser ratificados por única ocasión para el periodo inmediato siguiente. Tendrán obligación de guardar confidencialidad cuando por razones de su función tuvieren acceso a información confidencial o reservada. Podrán ser removidos por inasistencias reiteradas a las sesiones del Consejo.
En discusión de Ley Orgánica, sólo prospera Fiscalía para delitos ambientales
