Héctor Tapia
En el Foro “La primera minoría en la integración de ayuntamientos y violencia política de género”, que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo, la ex legisladora, fundadora de la Iniciativa PARes e integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, señaló que es necesario que este tipo de violencia se tipifique penalmente para garantizar que las mujeres tengan acceso a la justicia en este sentido.
En entrevista para Cambio de Michoacán explicó que la violencia política de género es un hecho recurrente, la cual se presenta también en un contexto de normalización de la violencia en general en contra de las mujeres.
Detalló que actualmente existe impunidad en violencia contra las mujeres, especialmente en la violencia feminicida, por lo que destacó que es importante que la violencia política no sea otro caso más de impunidad.
Por ello dijo que es necesario contar con marcos normativos claros que permitan conocer a detalle de qué se habla cuando se toca el tema de la violencia política de género; es decir, que se diferencie en qué casos se trata de violencia criminal o que tiene que ir a un órgano penal, y en qué casos se habla de violencia política en el ejercicio del cargo, que tenga que ser atendida por un organismo jurisdiccional.
Molina Aguilar dijo que en violencia feminicida “sí se tiene las modificaciones de tipo penal; sin embargo, en violencia política tenemos marcos normativos muy generales”.
Con las autoridades electorales y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán se ha elaborado un protocolo para denunciar la violencia política, “pero se necesita un marco normativo específico para atender la violencia política de género, e integrar el tipo penal al código respectivo”.
Remarcó que en tanto no se tenga esta normatividad “es muy complicado que las víctimas accedan a la justicia”, por lo que dijo que los retos son claros y los casos son evidentes, públicos, “quizá más de candidatas que padecieron acoso y redes, pero también de quienes ejercen un cargo público”.
En caso de candidatas, se presentaron algunos casos ante el IEM; uno de ellos fue el caso de una candidata en Jiquilpan, quien presentó sus argumentos, pero no se determinó que hubiera habido violencia política.
De quienes han sido funcionarias, dijo, como el de la Coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Julieta López Bautista, “quien padeció una violencia verbal y escrita en redes”, explicó Gabriela Aguilar.
También está la síndica de Buenavista que renunció antes de tomar el cargo, y de quienes perdieron la vida en el ejercicio o se encuentran desaparecidas; está además en este caso una regidora de Buenavista, una regidora de Tancítaro, y hace casi 10 años la desaparición de Maribel Martínez, “casos que se encuentran en la frontera entre la violencia política y criminal; sin embargo que hayan estado ejerciendo sean mujeres, nos permite enmarcarlos”, señaló.
La directora de PARes, dijo que la violencia política es sólo otra de las formas de violencia que padecen las mujeres, y “es necesario que la violencia política también pueda permear también en el lenguaje institucional en los marcos normativos para saber denunciarla y erradicarla”.
Al final se trata, dijo, de que “es uno de los instrumentos que afectan sistema democrático representativo, porque inhiben la participación de las mujeres en el ámbito público e impacta en el sistema democrático”
Por ello, destacó, “sí se tiene que penalizar, si no se lleva será difícil llevar o dar seguimiento a los casos; se tiene protocolos se tiene la definición en la ley general, es importante no sobre regularizar pero es importante se tiene que dar cuenta de una realidad que viven las mujeres en el ámbito público”, y que haya reparación del daño para las víctimas.
