Por: Humberto Urquiza Martínez
En los últimos 25 años, México y Michoacán, han transitado hacia un modelo democrático en el cual, el primer elemento básico se tradujo en la certeza de saber quien ejercería el poder como gobernante, a partir de un sistema de elección que permitió darle credibilidad a los votos de cada ciudadano, a partir de diversos elementos como una legislación innovadora, autoridades ciudadanas y posteriormente, autónomas y ciudadanas, así como procedimientos ajustados a la verdadera validez del voto. Con ello, la democracia mexicana y en cada entidad federativa, se inició con la democracia electoral, con la necesidad de contar con autoridades legitimadas popularmente, lo que ha permitido edificar un primer piso de la democracia.
Sin embargo, el poder contar con autoridades con reconocimiento popular, ya no basta, en tanto diversos factores están influyendo en la calidad del ejercicio del poder público por aquellas autoridades que aún y cuando han sido electas popularmente, no es suficiente para lograr que las acciones de gobierno, sean en beneficio de la sociedad – lo que se pensaba, bastaba con aquella idea de la democracia electoral -.
Ello ha generado una ausencia de credibilidad en las instituciones y en los políticos, que por diversas razones – que en otra ocasión analizare-, han desvirtuado el sentido y los motivos que los deben de llevar hacia un gobierno ciudadano y de no políticos e interés propio.
Ante esa evidente realidad alejada de los intereses sociales y ciudadanos, la alternativa es canalizar las decisiones gubernamentales, mediante el gobierno ciudadano, usando los mecanismos de participación ciudadana y desarrollando una verdadera cultura de la participación en acciones públicas más allá del ejercicio del voto.
Por todo ello, la sociedad mexicana necesita evolucionar en la forma en cómo interviene en las acciones públicas de los gobernantes y lograr que sean en favor de la colectividad, dejando de lado, la idea de que el gobernante es quien definirá por hacer todo a favor de ellos, para lo cual, el referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, presupuesto participativo municipal, son, en Michoacán, una verdadera alternativa para que la sociedad influya, determinantemente, en decisiones de alto impacto social y evitar que los casos de elefantes blancos, desvíos de recursos, u otras formas desorientadas de ejercer el cargo público, sean la consecuencias de decisiones públicas no legitimadas socialmente, lo que se traduce en generar cambios en los factores que impulsan las acciones públicas, mediante la consulta a la sociedad, de determinadas acciones u obras de los gobiernos locales o municipales que se deben de implementar, así como de encauzar el gasto municipal hacia proyectos que sean producto de las propuestas de la sociedad. Lograr que en Michoacán se usen de forma permanente esos mecanismos, invariablemente, producirá cambios, y con el tiempo, se logrará algo fundamental, una evolución en la cultura de gobernar, en tanto las autoridades entenderán que un elemento fundamental para llevar a cabo las acciones de gobierno, es la legitimidad social, mediante esos mecanismos de participación ciudadana, aunado al hecho de que la propia sociedad será testigo de los resultados de su participación y seguro estoy, será una sociedad más exigente y de mayor compromiso en la visión pública.
La sociedad tiene en sus manos, la mejora en algunos aspectos de su vida – aquellos en los que los gobiernos inciden- y sobre todo, tienen la posibilidad de someter a una clase gobernante al cumplimiento de las necesidades de todos y no de unos cuantos.
