Por Humberto Urquiza Martínez
Desde el año de 2014 se inicio el debate sobre la permanencia o no de los institutos electorales, lo que se ha mantenido al día de hoy, con diversas aristas, ellas, desde la necesidad de contar con órganos que sean participativos en la construcción de legitimidad de los resultados electorales en cada entidad federativa, respetando el federalismo electoral y político, que les reconoce a cada Estado, la facultad de poder organizarse internamente, o bien, por otro lado, contar con un órgano electoral que se encargue de llevar a cabo los diversos procesos de participación ciudadana que amplíen el contenido de la democracia, de la democracia representativa a directa, o por otro lado, como instituciones que permitan ampliar los valores de la política. Y por otro lado, los argumentos en contra de la existencia de los órganos comiciales, pasan por encontrar mejores formas de participación de los institutos electorales, nacional y locales en el sistema electoral nacional, u otros motivos como el costo de cada uno de organismo, o el control político que sobre ellos puede existir.
Esas o muchas otras razones a favor o en contra de la permanencia o no de los Institutos Electorales en cada entidad federativa, podrán seguir en el debate mediático y político, sin embargo, la reforma de 2014 y las diversas posturas que hoy existen respecto del modelo institucional electoral, han dejado de lado el tema central de todo sistema electoral, la participación ciudadana para alcanzar la legitimidad amplía de los diversos cargos que se eligen, tanto en elecciones locales como federales.
Una de las grandes aportaciones políticas de todo sistema electoral, es el factor de gobernabilidad que los resultados dan a quien gana, por lo que, tener autoridades electas popularmente con 50% o más de los posibles votantes (que no es la totalidad de la población) es un primer parámetro fundamental para acreditar un verdadero modelo de legitimidad democrática en favor de la gobernabilidad. Es asi, que todo sistema electoral que se precie de ser democrático, debe de enfocar su funcionamiento institucional, así como sus procedimientos electorales, en alcanzar el principal objetivo electoral, la legitimidad democrática en umbrales mayores al 50% de participación, y donde ésta, sea producto de voluntad y credibilidad de cada ciudadano en los comicios.
Por ello, ante la necesidad de contar con una legitimidad política de carácter democrático, se requiere de una reforma que evite elecciones con resultados menores a aquel porcentaje, por lo que, las elecciones que se tuvieron este pasado domingo 2 de junio, en diversas entidades federativas, serán el mejor elemento para saber qué hacer con las instituciones electorales, y por cierto, no solamente las locales.
Encontrar el mejor modelo institucional que garantice niveles más amplios de participación, será, seguramente, de las aportaciones más innovadoras y novedosas del sistema electoral en Mexico, a partir de lo cual, se podría iniciar un verdadero debate sobre la necesaria evolución del sistema electoral en México y de sus instituciones.
