Por Humberto Urquiza Martínez
Los procesos electorales se han convertido en un momento en el que, para bien y para mal, toda la sociedad se ve obligada a volcarse o por lo menos a aguantar, todo aquello que se hace como parte de dichos procesos, y en los cuales, le toca participar, ya sea forzado o por convicción, pero invariablemente la opinión pública se enfoca a la lucha por el poder, entre candidatos y partidos políticos y a la sociedad le toca enfrentar las batallas entre todos ellos.
Los procesos comiciales se dividen en tres grandes etapas: 1. La preparación de todo lo relativo a la jornada electoral, en donde podemos ver como actividades más importantes, registro de ciudadanos que podrán votar, registro de candidatos, registro de alianzas entre partidos, financiamiento para campañas, precampañas, campañas electorales, ubicación de lugares donde se instalarán las casillas, insaculación para saber qué ciudadanos serán integrantes de las mesas directivas de casilla, así como capacitarlos, son algunas de las muchas acciones que se llevan a cabo dentro de esta primera etapa, normalmente es la etapa que más duración tiene, aproximadamente 8 meses; 2, la jornada electoral, que prácticamente es el domingo en que se lleva a cabo la elección, y quizá la etapa más importante; 3, la calificación de la elección, en donde se emite una dictaminación y validez jurídica de los resultados, que dura entre 2 y 4 meses.
Es así, que pareciera que en ese año que dura un proceso electoral, los tiempos se convierten en apremiantes y complejos, en donde las actividades comiciales se hacen de la noche a la mañana. Sin embargo, no sólo dentro de proceso se viven esos momentos de tiempos y apuros, la reforma a leyes electorales, tiene un régimen constitucional especial, ya que el artículo 105 fracción II, señala que la promulgación y publicación de reformas a leyes electorales, deberá den hacerse con 90 días de anticipación al inicio del proceso electoral. Es así, que tres meses antes, el Congreso local o el federal, deberán de tener publicada (ya aprobada por el congreso) cualquier reforma electoral, lo que en el caso del siguiente proceso electoral, nos lleva a un tiempo de finales de mayo, para que se puedan tener las reformas en la materia.
Esa característica del sistema constitucional mexicano en materia electoral, se explica en razón de que se busca que el principio de certeza, se pueda materializar y evitar tener normas jurídicas que se puedan modificar durante el proceso, lo que sin duda, alteraría las bases mínimas para cumplir con las diversas etapas del mismo.
Es así, que en lo local y en lo federal, los trabajos para hacer cambios en la materia electoral, estarán a marchas forzadas, toda vez de que el tramite legislativo normalmente no es muy ágil y si contamos con que en 3 meses inician los debates respecto de los presupuestos, tanto federal como local, los tiempos políticos se hacen más breves, en tanto solamente quedarían 5 meses del próximo año, lo que para una legislatura no es mucho tiempo. Ello, aunado al hecho de que se puedan llevar a cabo reformas sobre temas de alto calado en el sistema electoral, que requiere de una socialización amplia con especialistas y con autoridades electorales, además de los consensos políticos.
De esa forma, los tiempos electorales, fuera o dentro de proceso, siempre serán complicados, y el trabajar sobre de ellos, requiere de la mayor templanza y objetividad, para evitar reformas que tengan efectos contrarios a los buscados.
