Por: Salvador Alejandro Pérez Contreras / Magistrado del TEEM
Mucho se habla de gobernabilidad dentro de un sistema político, pero qué importancia tiene dentro de un Estado democrático ¿será el sometimiento de los ciudadanos al poder público? o implicará acaso, la posición del Estado para obligar a la colectividad a regirse bajo un esquema donde el imperio de la ley está por encima de los derechos fundamentales.
En ese esquema bien vale la pena reflexionar, a dónde ha llegado el Estado hoy en día y lo que nos depara hacia los próximos años, donde parece que los efectos colaterales, producto de los miedos colectivos parecen irreversibles.
La sociedad en general pasa por un momento sumamente difícil y considera que no existe un rumbo fijo a donde llegar, ¿Qué sucede cuando no se encuentra preparada para enfrentar esos momentos álgidos? se podrá considerar que se colapsa y se encuentra al borde de la histeria anómala.
Los ciudadanos responsables y consientes de este gran reto colectivo asumen mayor reto cuando las nuevas generaciones no cuentan con las bases suficientes para dar respuesta a sus inquietudes. De allí, que los poderes públicos deben preparar y organizar a esas nuevas generaciones desde el aula, donde se ponen en práctica los primeros ejercicios democráticos, de allí que ese horizonte parece largo, pero es necesario, para dar un nuevo rumbo a la sociedad y que le permitan hacer frente a la nueva realidad social y que pudiera ser que la teoría de las competencias ciudadanas dan respuesta a ello.
Este paradigma de las competencias ciudadanas son consideradas como las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que dan los conocimientos y las actitudes que, articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva dentro de una sociedad democrática, en palabras usuales, ser capaces de responder a las necesidades propias de la colectividad.
Las competencias ciudadanas permitirán que los ciudadanos contribuyan activamente a la convivencia pacífica, que participen responsable y constructivamente en los procesos democráticos y comprendan la pluralidad como oportunidad y riqueza de la sociedad, tanto en su entorno cercano, en su comunidad, en su país o bien, en ámbito internacional.
De allí la importancia de que este tema pueda ser considerado como un aporte necesario para dar a la ciudadanía una forma más racional de la importancia que tiene su papel dentro de todo proceso democrático y político en el país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, plantea en su parte dogmática, permitir que los habitantes del país tengan una convivencia social civilizada. La protección de los derechos humanos se cifra en la expresión integral de las libertades y expectativas inherentes a la dignidad humana y los instrumentos suficientes y eficientes para trasladar aquéllas a la realidad cotidiana, en resumen es lo que se podría considerar dentro del terreno de las competencias ciudadanas.
De allí que las competencias ciudadanas las encontremos en la edad adulta, en lo que se conoce como los derechos políticos, mismos que son conceptualizados, como los derechos reconocidos constitucionalmente a favor de ciudadanos para participar en la integración y ejercicio de los poderes públicos y en general, en las decisiones de su comunidad. A su vez son un conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano su participación en la vida pública.[1]
En la construcción de la democracia la educación es elemento indiscutible para la formación de una ciudadanía competente, que participe en forma libre, racional, responsable y coherente en el desarrollo de los procesos democráticos.
No olvidemos que la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado que se congrega en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual las decisiones de la colectividad son adoptadas por el pueblo, es decir prevalece el principio de mayoría, como son los representantes populares elegidos mediante el voto soberano.
La gobernabilidad es necesaria, siempre y cuando se respetan los derechos mínimos de los ciudadanos, el respeto de las distintas formas mediante los cuales los gobernantes acceden a los distintos puestos de elección popular, pero sobre todo en la respuesta inmediata a las necesidades que demanda la sociedad.
Todo gobernante para desplegar su actividad requiere necesariamente de legitimidad para tomar decisiones de política pública, un gobernante sin legitimidad no puede llevar de la mejor manera su tarea de gobernar, pues tendrá un sector importante de la sociedad que no reconocerá su trabajo y su puesto estará cuestionado.
El Estado requiere necesariamente realizar una tarea de cultura democrática que llegue a todos los sectores sociales, que los partidos políticos participen decididamente en esa tarea, anteponiendo sus intereses partidistas a los de la sociedad, pues es la ciudadanía la que le da vida a los institutos políticos.
Sin participación ciudadana no existe la vox populi necesaria para un régimen democrático; se requiere en el contexto social que los ciudadanos cuenten con la formación que les permita contar con un pensamiento crítico y con la capacidad de dialogar y construir proyectos comunes, lo que es posible desde la escuela, donde aprendan los futuros ciudadanos formas democráticas de ejercicio del poder y de resolución de los conflictos sociales, así como modos de compromiso solidario con proyectos comunes, lo que redunda en beneficio de la comunidad.
Es necesario hacer conciencia de contar con una sociedad democrática entendida como un sistema social, económico, cultural y político que restablezca las libertades y el poder de decisión.
Las nuevas formas de participación democrática, no son otra cosa que el progreso que se ha tenido mediante las competencias ciudadanas, que representan el progreso de la sociedad y se constituyen en todo sector del conocimiento o campo de desarrollo en que son aplicadas.
El gobierno federal y las entidades, deben incorporar a sus programas de educación la formación ciudadana a base de competencias ciudadanas, es decir de formas de conciencia, habilidades y actitudes para la vida democrática, así como aumentar el número de maestros que participen en procesos de capacitación en torno al tema de desarrollo de competencias ciudadanas, como pilares de las nuevas generaciones, que abanderen una nueva forma de participación democrática.
No me queda más que señalar que en un Estado democrático es posible que puedan existir nuevas formas de acción colectiva para democratizar las estructuras nacionales de toma de decisiones.
Nuestro país se enfrentará en lo futuro a los nuevos retos de participación ciudadana, a entender de mejor manera las competencias ciudadanas como una forma de comprender mejor nuestro sistema político y de gobierno.
De allí que los ciudadanos deben responder a las necesidades propias de la sociedad siendo capaces y competentes para enfrentarlos y dar muestras del respeto a las instituciones y el marco constitucional y legal, donde el Estado afronte su responsabilidad de atender esas demandas ciudadanas en el marco del respeto a los derechos fundamentales.
Los retos son muchos, los gobiernos deben cumplir a cabalidad los requerimientos sociales apegados al marco constitucional y legal, velando por el respeto de los derechos fundamentales, y los ciudadanos respetar las instituciones y las leyes, todo dentro de lo que conocemos como cultura de la legalidad.
El desarrollo y mejor comprensión de las competencias
ciudadanas permitirá que la democracia transite por un camino menos complicado,
donde los ciudadanos se desenvuelvan con mayor confianza ante las autoridades,
y dentro de su propio entorno, respondan de mejor manera en la toma de
decisiones.
[1] AGUAYO SILVA, Javier, “JUSTICIA CONSTITUCIONAL ELECTORAL” Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, IV Congreso Internacional de Derecho Electoral y IV Congreso Nacional de Tribunales y Salas Estatales Electorales, Memoria, Morelia, Michoacán, México, 2002, p. 15. Anota el ponente que “los derechos políticos son una rama del derecho público, entendidos como los derecho subjetivos públicos de los ciudadanos para participar, bajo ciertas condiciones, en la representación de la soberanía y en la renovación del poder público”.
