Héctor Tapia
Desde mayo pasado se espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el último recurso que interpuso el ex secretario de finanzas del estado, Miguel López Miranda, a quien se le multó por 572 millones de pesos por la venta de un inmueble sin autorización de un fideicomiso y por debajo del costo real del predio, estimado en los mil 144 millones de pesos.
Además, sobre el ex funcionario estatal, del periodo de gobierno de Salvador Jara Guerrero, pesa una inhabilitación de 8 años por esta misma causa.
De acuerdo a Francisco Huergo Maurín, titular de la Secretaría de Contraloría del gobierno del estado, explicó que se está a la espera del posicionamiento del Máximo Tribunal de Justicia del país, quien debió de manifestarse al respecto a finales de mayo, y en función de ello, una vez que se dé, proceder con lo que sigue, que podría ser el procedimiento de carácter penal, en caso de no cubrir con la multa impuesta.
“Nosotros consideramos que al no ser un asunto de carácter constitucional ni de derechos humanos, no habría elementos” para que la SCJN admita el recurso de López Miranda, por lo que se espera este pronunciamiento para poder actuar.
“Puede llevarse todo este mes y principios de agosto, porque también tiene mucha carga, y cada sala va tomando sus propios tiempos”, explicó en entrevista, y apuntó que el proceso por el cual está señalado López Miranda no prescribe, “es un asunto que causó ejecutoria, y tenemos elementos para ejecutar, a sabiendas de que había un recurso final, esperamos a que hiciera uso o no de este recurso”.
Lo que procederá, una vez que se dé el posicionamiento de la SCJN, es informar a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, quien en segundo momento puede constituir un crédito fiscal o hacer la cobranza; también el ex secretario podría declararse con no capacidad de pago y entonces sí procedería el tipo penal.
“Él tendría que poner los recursos que tenga a disposición para el pago y en caso de que no suceda, tenemos la posibilidad de actuar de forma penal”, detalló Huergo Maurín.
“Seguimos trabajando, van más de 140 ex servidores que han sido inhabilitados o pidiéndoseles resarcitorios, es un tema que seguiremos trabajando”, indicó.
