América Juárez Navarro
América Juárez Navarro
Morelia, Mich., Desde la LXXII Legislatura la propuesta para regular las marchas y manifestaciones en Michoacán, impulsada en ese entonces principalmente por diputados del PAN, sigue sin ver la luz en el estado, pese a las voces de presión, sobre todo de la Iniciativa Privada. En el estado, el principal argumento para no dar pie a una iniciativa de estas características es que violentaría los derechos humanos.
La discusión por la aprobación de la legislación, sale a la mesa de debate, luego que el PAN dejará entrever, que impulsaría otra vez la medida, pues Morena criminalizó la protesta en Tabasco, a través de la llamada Ley Garrote.
En la LXXII Legislatura prácticamente la propuesta que en su momento había presentado María Macarena Chávez Flores actual presidenta municipal de Lagunillas y en ese entonces, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, fue concluido su análisis el 6 de octubre del 2016 y se prometía que vería la luz el 14 de octubre de ese mismo año, la situación no ocurrió.
Las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Derechos Humanos, en su momento, durante ese año se reunieron para dar lectura al proyecto final en donde se contemplaban algunas acciones para regular las manifestaciones y las marchas, finalmente no logró pasar la prueba, no obtuvo los 13 votos de los integrantes de ambas comisiones y quedó enterrado el tema.
En ese entonces la propuesta construida en comisiones contemplaba entre otras cosas que no se podía coartarse el derecho de asociarse, reunirse o manifestarse pacíficamente con cualquier objeto lícito; siempre que en el ejercicio de estos derechos no se haga uso de armas, de violencia, o se dañe la integridad personal o patrimonial de las personas.
Ningún ciudadano o autoridad podría limitar el tránsito de peatones o vehículos, mientras que se obliga a las autoridades presentar protocolos para el desahogo de tránsito vial, así como avisar a los ciudadanos sobre la realización de alguna manifestación. Pero mencionaba que se podía llevar a cabo la disolución de manifestaciones que atenten contra la seguridad de las personas, bloqueo de vía pública o carreteros y la atención de manifestaciones donde estén involucrados menores de edad.
De igual manera se señalaban que los lugares destinados al tránsito de personas, independientemente del medio de locomoción, se podrán afectar hasta el cincuenta por ciento de la superficie, de tal manera que las personas que no concurran a la manifestación puedan seguir transitando normalmente en el cincuenta por ciento de la superficie restante y que inmuebles de los espacios o lugares públicos donde se brindan servicios educativos, de salud, seguridad o protección civil, se consideran zonas prioritarias para el Estado, por tanto, se determinan como no autorizadas para bloqueos, plantones y manifestaciones.
La iniciativa, asimismo pasó sin pena y gloria en la LXXIII, aunque hubo intentos de poner sobre la mesa su discusión, el tema no pasó de una propuesta para endurecer penas contra manifestantes que cometan ilícitos de robo, omisión de auxilio, la introducción a viviendas o propiedades.
