Raúl López Téllez
Hasta el momento no existe ninguna sanción directa en contra de algún ex funcionario o dependencia interna de la Universidad Michoacana sobre la llamada “estafa maestra”, aunque sí hay nombres de responsables y un avance de un 70 por ciento en la integración del expediente para remitirlo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el desvanecimiento de irregularidades en la Cuenta Pública 2017, señaló el contralor universitario Rodrigo Tavera Ochoa, quien indicó que los montos desviados a través de 8 empresas “fantasmas” en la Casa de Hidalgo involucran 11 millones de pesos a partir de servicios presuntamente contratados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El proceso, de acuerdo a lo expuesto por el funcionario, sí refleja en cambio una serie de debilidades institucionales en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas y aunque si existe una instancia responsable de la ejecución del proyecto con Conagua, según Tavera, no se puede identificar “por la secrecía” de la investigación, pese a que la firma del rector Medardo Serna González como responsable y representante de la Casa de Hidalgo, validó el presunto convenio para la contratación de servicios.
En una rueda de prensa donde se había anunciado la asistencia del tesorero universitario, Rodrigo Gómez Monge, pero no asistió, al lado de Tavera Ochoa estuvo el presidente del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, Juan José Tena, quien se limitó a felicitar a la Casa de Hidalgo por los procesos emprendidos para transparentar el tema, mismo que adquirió relevancia nacional por una investigación periodística realizada en el 2017 y que en el caso de la institución, cobró fuerza con la detención el mes pasado de Rosario Robles, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) le sigue un proceso por el caso de la triangulación en el desvío de recursos hacia las universidades.
De acuerdo con Tavera, por la investigación interna de la Contraloría el caso está plagado de irregularidades desde su inicio, al haber intervenido un total de 10 empresas radicadas en Monterrey y en las que se ha demostrado que tienen giros incluso contrarios a la prestación del servicio presuntamente contratado por la Comisión Nacional del Agua y, aunque hay evidentes responsables en la UM que mediante adjudicación directa, es decir sin licitarlas, otorgaron a las mismas los contratos para operar, no se puede señalar hasta el momento y en caso de que fuera “una falta grave”, dijo, se procedería a denunciarla ante el Sistema de Justicia Administrativa, ya que señaló que la UM no tiene la función de sancionar, sino de investigar y sustentar una denuncia.
Señaló que de los 11 millones de pesos, a finales del 2018 se devolvieron a la Conagua, seis millones de pesos, aunque el proceso también fue irregular al tomarse de una bolsa de aportaciones de autoridades a la UM para gasto corriente y además sin reportarse a instancia interna alguna.
En marzo del 2016, narró Tavera, se firmó un convenio entre la UM y la Conagua, “para dar servicio en materia jurídica sobre clasificación, análisis y estudio de interpretación a procedimientos en materia penal, tenencia de la tierra, transparencia y acceso a la información, así como procesos para la clasificación y reserva de expedientes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Conagua a nivel federal”, con el pago de la dependencia a la UM por 11 millones 77 mil 304 pesos.
En el 2017, mediante una revisión, la AASF encontró elementos “que son para establecer si lo determinado en el proyecto se realizó acorde a leyes y reglamentos. “El convenio como tal fue firmado después de que la UM entrega un documento donde señala poseer la capacidad técnica, sin embargo la ASF establece que no se presentó adecuadamente la capacidad técnica para poder realizar este proyecto; derivado de ello, la Universidad, a través del área responsable de proyecto, empezó la ejecución del mismo una vez que fueron radicados los recursos por parte de la Conagua”.
-¿Y quién ejecutó el proyecto, como responsable?
“No lo puedo decir, por la secrecía de la investigación”, respondió el funcionario. “Sabemos que hay una falta en términos de la normatividad en la Universidad, estamos trabajando para tener los elementos necesarios para poder proceder en lo que determinen las investigaciones que estamos realizando, etapa en la que dijo, se cuenta con el acompañamiento del SEA y por lo que atribuyó su presencia en el encuentro con los medios.
Sin embargo, para poder ejecutar el proyecto, como primera irregularidad, dijo, “se subcontrataron empresas; la Ley de Prestación de Servicios del Sector Público, establece que no se puede subcontratar más allá de un 49 por ciento del monto que se va a ejercer, y aquí se subcontrató el 92 por ciento del monto” con empresas en las que se ha investigado no corresponden al domicilio fiscal registrado, al igual que se dedican a servicios de cómputo o incluso se dedican al comercio, renta de equipos de cómputo e incluso arrendan vehículos para el servicio de limpia.
En este paso se realizaron 15 transferencias electrónicas a tales empresas, pagadas entre el 26 de junio de 2016 y 16 de enero de 2017. “Se adjudican estos contratos por medio de una excepcionalidad a la licitación; para poder hacer una excepción a esta licitación, se tiene que hacer una argumentación jurídica” y que, en este caso, se hizo la adjudicación “de una manera presumiblemente irregular, ya que primero no pasa por el Comité de Adquisiciones de la UM, sino que se generan fundamentos como son que el sistema estaba bloqueado por el Sindicato de Empleados y que había una toma en Ciudad Universitaria” y en este paso se generó una subcontratación superior a los tres millones de pesos.
Al momento, dijo Tavera, no se puede señalar a responsables ni a cuantas instancias universitarias involucra el caso, porque no se ha concluido el reporte solicitado por la ASF que persigue desvanecer las observaciones que involucran el uso de los recursos, la relación con las empresas “fantasmas” detectadas y que dentro de las funciones de la Contraloría buscan amonestar hasta llegar a la inhabilitación de funcionarios presuntamente implicados. “Sobre cuántas personas, dependerá de cómo finalice la investigación, y de cuántas dependencias, por el tema que nos atañe, que es estrictamente jurídico, que es lo que se contrató, realmente no hay una dependencia como tal responsable, sino que los responsables son quienes ejecutaron el proyecto” y cuyas identidades, dijo, no se pueden revelar por “la secrecía de la investigación”
Tavera señaló que dentro del proceso que se le sigue a Rosario Robles, hasta el momento no existe ninguna observación derivada del caso hacia la Universidad Michoacana, ni de la FGR ni de la ASF. El viernes pasado, dijo Tavera, incluso se contactaron con la Auditoría Superior de la Federación para ofrecer “nuestra disposición” en la investigación de la “estafa maestra”.
Respecto al riesgo de que exista una salida negociada que evite sancionar a funcionarios de la administración anterior, Tavera dijo que “no hay ningún cochupo o acuerdo con la administración anterior. Esto es transparencia pura”, se jactó. “Al final de la investigación van a salir varios nombres y ya se decidirá lo que proceda”.
