América Juárez Navarro
Morelia, Mich., La presidenta municipal de Nahuatzen, Mayra Morales Morales, aseguró que no existe ley o reglamento que norme la actuación de los Consejos Indígenas, por lo que exhortó y presentó ante el Congreso del Estado un escrito en donde solicita que se regule esta figura dentro de la Ley.
“Traemos un exhorto al Congreso para que hagan al respecto, porque muchas veces las decisiones se han tomado detrás del escritorio, nosotros decimos porque no tomaron una consulta, y estaríamos más con formes si se vincula a las autoridades”, expresó.
Indicó que están con la preocupación por la situación legal, sino por la violencia que se ha generado en la comunidad, en donde se han quemado los carros, casas, y amenazas a la ciudadanía, si bien dijo preocupa el mal uso del recurso y desvío de estos, también preocupa la estabilidad de la localidad.
“No se ha tenido ningún avance desde que se solicitó se retuviera el recurso de la cabecera municipal por acuerdo de cabildo, los requerimientos del Tribunal Electoral se han atendido sin que se resuelva nada”, comentó la edil.
Advirtió que no van a ceder y continuarán con su atención a los ciudadanos, porque además no está claro cómo funciona este esquema, pero además se les deja a la deriva a la localidad, en donde se origina la división y confrontación. En este tenor, informó que un grupo ha solicitado ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) el cambio de integrantes del Concejo Indígena en Nahuatzen.
De igual manera comentó que existe un requerimiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) misma esta obligando a la comprobación de 15 millones de pesos, a las comunidades de Sevina, Arantepacua, Comachuen y Nahuatzen, mismos que se ha pedido sean reintegrados sino se comprueban.
Es importante mencionar que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado, establece ya la facultad para que la Auditoría Superior de Michoacán revise, fiscalice y evalué la gestión de concejos municipales, comunidades o consejos indígenas y ciudadanos que manejan fondos públicos, y de aquellos organismos que por disposición de ley se consideren autónomos, así como cualquier Entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica bajo la que se manejen recursos públicos.
