Raúl López Téllez
Un frustrado inicio tuvo el XXXVI Congreso General de Representantes del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), cuya continuidad y legalidad se mantiene en duda, toda vez que esta mañana fracciones de académicos impugnaron su arranque al aducir que no se contaba con un padrón confiable para validar el quórum necesario, mientras que por su parte, el Comité Ejecutivo General (CEG) se empecinaba en que era legal y había la mayoría necesaria para instalar los trabajos.
Esta mañana, en el auditorio del SPUM la concentración y registro de docentes se daba de manera fluida a partir de las 09:00 horas, a la espera de que se consignara la asistencia suficiente para dar inicio al Congreso General de Representantes, máximo órgano de gobierno en la estructura sindical. No obstante, terminado el registro alrededor de las 11:00 horas, la Comisión de Vigilancia determinó que no se contaba con un padrón de socios confiable, a la vez que otros delegados aducían que no fueron considerados ante la presunta “pérdida” del listado de representantes, como fue el caso denunciado por el Instituto de Investigaciones Históricas.
Tras señalar que no habría condiciones bajo ese esquema de instalar el Congreso, la Comisión de Vigilancia se retiró, situación que intentó aprovechar el Comité Ejecutivo General que encabeza Jorge Luis Ávila Rojas para pretender instalar una mesa paralela que arrancara los trabajos, lo que dio motivo para que se iniciara una discusión sobre la legalidad o no del intento, mientras algunos maestros se retiraban y los que permanecían se dividían en un bando y en otro.
De acuerdo con los docentes que impugnaron el arranque, las facultades de los integrantes del Congreso General establecidas en los estatutos gremiales incluyen el nombramiento de escrutadores para que, de inicio, dieran fe de la asistencia y avalaran la mayoría necesaria para instalar este Congreso, por lo que descalificaron al CEG al pretender “legalizar con escrutadores sin sustento el inicio del Congreso”.
Ávila Rojas, señaló a los medios presentes que no había tales inconsistencias en el padrón y que todo era maniobra de “una minoría, diez o doce” que intentaban controlar “a su favor” la situación, de la que adujo se remitirían denuncias por el “intento de reventar el Congreso, a eso vinieron”, señaló respecto a quienes criticaban la falta de condiciones.
Cabe mencionar que a quienes impugnaron la instalación del evento con los argumentos de la Comisión de Vigilancia, les fue retirado el aparato de sonido e incluso se les quitó un cable necesario para hacer una conexión, por lo que tuvieron que recurrir a un equipo propio para hacerse oír en medio del griterío y los abucheos.
De acuerdo con Ávila, sí hay la mayoría necesaria y si se instaló el Congreso, aunque a decir de los impugnadores, se debe de convocar al CEG y emitir una nueva convocatoria, dadas las presuntas inconsistencias, aunque el dirigente del SPUM señaló que el Congreso estaba en “receso y se va a reanudar a las 17:00 horas”, tras insistir en que las mesas de trabajo ya estaban instaladas y se contaba con la legalidad para desarrollar el encuentro.
Ante esta versión, en una rueda de prensa que ofrecieron varios docentes que impugnaron el intento de la dirigencia por desarrollar el Congreso, señalaron que cualquier acuerdo que surja del mismo se considerará “ilegítimo”, además de que cuestionarán ante instancias laborales y ante la propia Comisión de Honor y Justicia el que se reponga el proceso.
Eduardo Nava, de la Facultad de Economía, señaló que mientras la Comisión Autónoma de Vigilancia no haya declarado el quorum mayoritario, el Congreso no era legal, al igual que insistió en que la revisión y nombramiento del padrón la designación de escrutadores, son atribuciones del Consejo General de Representantes, por lo que la mesa determinada por el CEG carecía de sustento para instalar el mismo.
Guillermo Campillo, en un exhorto a los maestros presentes, señaló que la situación “es delicada si no la sustentamos legalmente”, por lo que insistió en que se le dé formalidad de acuerdo a los estatutos. “Debemos exigir que se reponga el procedimiento correctamente y que todos los que estamos aquí, analicemos los temas que traemos, con la certidumbre de que lo que aquí se acuerde va a ser legal porque así está establecido, lo que le da legalidad a sus intervenciones, a lo que vayan a vertir aquí las delegaciones sindicales”, señaló luego que se desconectara el sonido del auditorio, lo que obligó a los catedráticos a buscar una bocina y un micrófono.
“Que se siga el proceso legal, que se revise el padrón y que de acuerdo con lo establecido por el mismo padrón, se instale el Congreso como debe de ser y defendamos nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, nuestro estatuto y defendamos nuestra legislación”, dijo casi afónico ante un auditorio que para el momento se encontraba apenas con la mitad de los asistentes.
En la misma rueda de prensa, se dijo que los integrantes de la Comisión de Vigilancia –como esgrimió Ávila Rojas-, no se retiraron en definitiva del Congreso, sino que, según Campillo, habían salido a verificar si existían plantones de maestros en las dependencias como parte del paro nacional de sindicatos universitarios que se planteó para este miércoles.