Raúl López Téllez
Un rechazo a la negociación del Régimen de Pensiones y Jubilaciones como parte de los resolutivos emanados del Congreso General de Representantes impulsado por la dirigencia del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y no avalado por las comisiones estatutarias responsables del mismo, manifestaron delegados electos que demandan apego a la legalidad y reposición del proceso.
Este viernes por la tarde, Jorge Luis Ávila Rojas, dirigente del SPUM, señaló que el XXXVII Congreso General de Representantes (CGR) mandató a la dirigencia a negociar con la Rectoría una propuesta de reforma al Régimen, que luego “bajaría” a las 44 secciones sindicales para su aprobación, situación que contraviene los mandatos del máximo órgano de representación gremial en los dos congresos anteriores donde se estableció no aceptar ni proponer cambio alguno al esquema vigente.
En un manifiesto que se hace público este sábado, los académicos insisten en que el CGR impulsado por la dirigencia carece de validez, toda vez que la Comisión Autónoma de Vigilancia no aprobó el quorum para declarar la mayoría necesaria e instalar el evento el pasado día 9, al no haber recibido en tiempos el padrón para su cotejo y detectarse irregularidades en el mismo, por lo que se declaró no instalado, ante lo que el Comité Ejecutivo General que encabeza Ávila optó por trasladar a docentes en autobuses hacia una sede alterna y luego que los sindicalizados que lo impugnaron resguardaran con un plantón el día 10 los accesos a la sede del SPUM sobre la Avenida Universidad.
“Conforme a los artículos 52, fracción IV y 28 del Estatuto sindical, corresponde al presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia supervisar la elección de los órganos de representación sindical y declarar la existencia de quorum para la instalación del Congreso. En esta ocasión, el titular de la misma, Ing. Fernando Moreno González, no pudo hacerlo en virtud de que el Comité Ejecutivo General no entregó a ese órgano el padrón completo de los delegados acreditados ni el cotejo correspondiente con las actas seccionales de elección de los mismos, sino sólo un listado de nombre. Además, Consejo General —un órgano de inferior jerarquía al Congreso General de Representantes— en una votación antiestatutaria pretendió llevar al CGR escrutadores predeterminados al gusto del Comité Ejecutivo General”, indican los delegados.
“El 10 de octubre, el ingeniero Ávila y su comité pretendieron hacer funcionar diversas mesas de trabajo con sus delegados afectos en sedes alternas, violentando la convocatoria aprobada y publicada que señala el lugar preciso para los trabajos del Congreso, y sin dar aviso a todos los delegados electos, con lo que se configura una serie de violaciones graves al orden estatutario”, agregan.
Respecto a la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, los delegados manifiestan que “En la pretendida mesa de Jubilaciones y Pensiones se ha planteado sin recato anular los acuerdos de los congresos anteriores que han impedido un retroceso histórico en materia del régimen jubilatorio, y se promueve abiertamente la adopción de la propuesta emanada de la Rectoría de la Universidad en esa materia.
“La mayoría de los delegados al CGR 2019 declaramos que no vamos a permitir que la traición y la ruptura de los ordenamientos estatutarios se adueñen de nuestro sindicato; tampoco que éste quede en manos de una facción sectaria que pretende usarlo para sus intereses y los de la parte patronal”, indican los representantes seccionales.
Además de la denuncia pública, señalan que recurrirán “a las instancias jurisdiccionales competentes y a los órganos internos de vigilancia y control para hacer frente a este desafío antisindical. El XXXVII Congreso General de Representantes tendrá que convocarse nuevamente en su momento y restablecerse la legalidad; no tenemos duda de ello”.
La propuesta de la Rectoría plantea cambiar el periodo de labores en 35 años, crear un fondo de aportaciones para trabajadores en activo no jubilables y de nueva contratación, así como dejar a salvo los derechos de los que ya están en edad o tiempo jubilatorio.
El intento de reformar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones en la UM proviene desde el año 2015, y en los últimos meses el tema ha estado en la discusión en la vida universitaria, sobre todo a partir de los acuerdos contraídos por la Rectoría con la federación en diciembre del 2018, cuando le impuso cinco condiciones a cambio de apoyos extraordinarios por 500 millones de pesos, uno de los cuales se refiere a los cambios al Régimen, y a cuyo cumplimiento se condiciona la entrega de apoyos que permitan a la Universidad Michoacana –una de las universidades públicas en crisis en el país-, cerrar el año toda vez que sus recursos se agotan a partir de la primera quincena de octubre.
Rechazan delegados electos del SPUM negociación de dirigencia a reforma de Pensiones
