Raúl López Téllez
Ante los ajustes financieros que implican una reducción cada vez mayor de recursos, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) hizo un llamado a los congresos locales para que, en conjunto con éstas, “asumamos nuestras atribuciones legales y éticas” en la asignación de presupuestos suficientes y oportunos.
Esta asignación financiera, indica la Asociación en las conclusiones de la reunión efectuada en esta capital, debe darse en consonancia tanto para cumplir con los aspectos académicos y matrículas en aumento, como cubrir “compromisos laborales ante nuestras plantas académicas y administrativas”.
Los resolutivos destacan la importancia de que las universidades públicas mantengan sus planteles de bachillerato, no obstante que es un rubro no reconocido por la federación en el caso de la Universidad Michoacana y por el que no recibe recursos.
“El bachillerato universitario es un sistema donde las instituciones públicas tenemos una gran responsabilidad, pues ahí se encuentra el principal núcleo de formación integral de la juventud mexicana y los cimientos del progreso humanista, científico y tecnológico de nuestra sociedad”, señala la ANUIES.
En el exhorto a los legisladores, hacen “un llamado respetuoso a los congresos de los estados a que en el conjunto de responsabilidad asumamos nuestras atribuciones legales y éticas y trabajemos en los ámbitos de competencia en el beneficio de la sociedad, respetando y promoviendo en todo momento el quehacer científico, pedagógico y educativo de las instituciones de educación media superior y superior del país”.
Las instituciones se comprometen entre los acuerdos, “a continuar ofreciendo una educación de excelencia para los jóvenes, diseñando programas pertinentes y ofreciendo incrementar la cobertura educativa con equidad, en el marco de las necesidades presentes y futuras a nivel local, regional, nacional e internacional”.
Los rectores apelan a la autonomía de las instituciones, “establecido en el artículo 3, Fracción VII de la Constitución Mexicana”, por lo que demandan “respeto en consonancia con las actividades sustantivas de las universidades y de la necesaria libertad de pensamiento y enseñanza como pilares de un Estado social, democrático y cultural de derecho”.
Cumplir estas propuestas, implica “contar con presupuestos suficientes para responder al incremento de matrícula y a los compromisos laborales ante nuestras plantas académicas y administrativas, acorde a las obligaciones de respeto, protección, complimiento de los derechos a la educación, a la cultura y al trabajo, y los principios de progresividad y el empleo del máximo de recursos disponibles en materia educativa”.
En el caso de las instituciones particulares, se acordó en la reunión celebrada el pasado 23 de octubre, “solicitamos flexibilidad administrativa en los trámites ante las autoridades, que permita responder con celeridad a los desafíos de educación de cobertura, calidad y pertinencia”.