Redacción
• Se requiere establecer la legalidad a las acciones conjuntas que ya se llevan a cabo, pero que no dependan del período de las administraciones o colores partidistas.
• Michoacán requiere atacar los delitos que padecen los ciudadanos a diario, donde de cada 10 delitos que se denuncian ocho son del fuero común.
Ante los niveles de inseguridad y violencia en el estado, donde el 80 por ciento de los delitos que se denuncian corresponden al fuero común y por lo menos el 70 por ciento de los michoacanos se sienten inseguros, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez, presentó la iniciativa para implementar en Michoacán el modelo de mando mixto de seguridad.
“Tenemos dos opciones, seguir quejándonos y esperar a que la inseguridad nos toque a nuestras familias o en lo personal, o por el contrario buscar y aplicar opciones de solución. Aquí está mi respuesta, con este proyecto, el cual considero que es viable jurídicamente y retorna la facultad de los presidentes municipales en la conducción de la seguridad pública”, expresó.
El vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, señaló que el mando mixto, que ha sido una propuesta de Acción Nacional a nivel federal, busca devolver a los ayuntamientos sus atribuciones constitucionales en materia de seguridad pública, el cual es un esquema integral, en el que Michoacán sería pionero en reglamentar las actividades y se cuente con una certeza jurídica que vaya más allá de colores partidistas o el período de las administraciones en el cargo.
“Es muy importante que quede claro, estamos proponiendo reglamentar lo que ya se hace, pero que mientras antes se hacía en convenios acordados, que incluso trascendían al término de las administraciones municipales, con esta propuesta, ya tendremos un piso firme en el cual sustentar las decisiones que se tomen para el cambio de mando de los cuerpos policiales”, explicó.
En el pleno, Arturo Hernández detalló que la propuesta contempla la policía preventiva municipal, acatará las órdenes del gobernador a través del Secretario de Seguridad Pública cuando el alcalde solicite la intervención por encontrarse en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público; cuando los indicadores se disminuyan, el mando retorna a los ayuntamientos. El Secretario de Seguridad Pública, seguirá siendo designado por el titular del poder ejecutivo, pero ahora deberá contar con un perfil académico y experiencia comprobada para ocupar el cargo, y algo muy importante, acreditar los exámenes de control de confianza.
De igual forma se establece que los exámenes se aplicarán al menos cada año al personal de los cuerpos de seguridad pública, auxiliar y privada, así como de procuración de justicia estatal y municipal, cuando lo estime pertinente el titular de la institución respectiva o el presidente municipal, o bien, a petición del interesado.
Además, el personal deberá acreditar para su ingreso y permanencia cursos en materia de protección de los derechos humanos, es este último caso siendo al menos uno de forma semestral.
Se propone reconocer y dignificar la imagen del policía ante la sociedad, quien deberá tener un mejor salario, capacitación, equipamiento. Ya que en la mayoría de las ocasiones desempeñan su función en condiciones muy precarias.
“Los michoacanos ya no están para escuchar respuestas de a quién le toca y a quién no, quien ha firmado o no un convenio de seguridad, no quieren explicaciones de cuáles son las competencias jurídicas de cada una de las corporaciones. ¿Es acaso mucho pedir, o sigue siendo una percepción errónea de los michoacanos?”, señaló.
Hernández Vázquez, indicó que la presencia de la guardia nacional no ha sido suficiente, luego de que se avocan a ser guías turísticos en el centro histórico de Morelia y en lo que va del 2019, con base a las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, han sido robadas en la entidad más de mil 431 casas habitación, más de cinco mil 206 personas les han despojado de su automóvil, se han registrado más de mil 145 muertos por delito doloso, más de 844 negocios han sido asaltados.
“Estas cifras son referencia a las denuncias realizadas, ya que la cifra negra en nuestro Estado es de más del 90%, es decir, de 10 delitos cometidos solamente uno llega a denunciarse”, detalló.
Finalmente señaló que se requiere destinar más recursos económicos, a fin de cumplir con los objetivos planteados, además de tener una certidumbre jurídica en la forma de actuar en el cambio de mando.
