Redacción
La Comisión de Gobernación y Población, que preside la diputada Rocío Barrera Badillo, se reunió con la Misión de la Coalición de Seguridad para los Periodistas, quienes pidieron eliminar los delitos contra el honor, porque en el caso de las denuncias por daño moral son herramientas usadas por políticos, funcionarios y empresarios para amedrentar a la prensa.
En reunión de trabajo, los informadores pidieron que la Cámara de Diputados llame al titular del Ejecutivo a terminar con las descalificaciones y estigmatizaciones a la prensa, porque además estas acciones son riesgosas en un país con alta impunidad como México.
La diputada Barrera Badillo dijo que se ha trabajado en un marco jurídico que responde a las necesidades de este sector, en donde “hace falta poner muchos granitos de arena para tener un resultado exitoso”.
“La realidad la conocemos, sabemos lo que está sucediendo; sin embargo, estamos desprotegidos en un tema jurídico, pero somos sus aliados y estamos trabajando en el tema”.
Informó que en el próximo periodo de sesiones se presentarán las iniciativas de reforma que ayuden a generar las condiciones de certeza jurídica en la actividad periodística.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) comentó que es primordial pedir a la Fiscalía un informe inmediato para conocer el estatus en que están las investigaciones, así como otro de manera trimestral.
Agregó que debe haber una reunión con el subsecretario Alejandro Encinas para discutir el tema del mecanismo de protección a periodistas.
Señaló que se necesita saber en qué partes del mecanismo en comento hay fallas para que sean corregidas y no sólo decir “no funciona”.
La diputada de MC, Martha Tagle Martínez, secretaria de la Comisión, destacó la necesidad de atender los temas que estos grupos presentan, por lo que dijo que habrá disposición para hacer un trabajo conjunto.
Agregó que se requiere analizar el asunto de los delitos de honor y las legislaciones locales, para lo que se requieren reformas en el ámbito local. Se pronunció en trabajar en reformas para evitar que las demandas por daño moral sean usadas contra los informadores.
En cuanto a los temas de espionaje, la legisladora pidió se dé a conocer qué se ha hecho por parte del gobierno y en qué situación están las investigaciones hechas por las áreas de seguridad.
Por otra parte, informó que hay una falta de transparencia en los fideicomisos, como es el mecanismo de protección a periodistas, especialmente para aquellos en situación de desplazados, pero, aclaró, se le deben garantizar los recursos.
Sebastián Salamanca, oficial del Programa de Protección y Defensa de la Oficina Regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, indicó que se debe adecuar el marco jurídico que regula la libertad de expresión en México, comenzando por la eliminación de los delitos contra el honor, ya que ocasiona que periodistas sean encarcelados por el ejercicio de la información. “La tendencia mundial es eliminar este delito, pero en México no ha sido posible”, enfatizó.
Subrayó que en ocasiones se busca la censura mediante demandas por daño moral, porque aunque no se busca castigo penal, se le exige un pago multimillonario, algo a lo que recurren políticos, funcionarios con poder o empresarios, como fue en el caso del periodista Sergio Aguayo. “Se silencia mediante el ordenamiento jurídico”.
Insistió en la existencia y uso de software para espiar y acceder a las comunicaciones de reporteros y activistas defensoras de los derechos humanos en México, por lo que pidió se contemplen previsiones jurídicas para que los organismos del Estado, así como las fuerzas de seguridad eviten el uso de éstos.
Resaltó que esta es la primera vez que 17 organizaciones globales en alianza con mexicanas se han unido para mandar el mensaje de poner un fin a los crímenes contra periodistas, especialmente porque la Cámara de Diputados tiene un rol muy importante para adecuar el marco jurídico que regula la libertad de expresión en el país.
Zuliana Lainez, representante de la Federación Internacional de Periodistas, coalición formada por 17 organizaciones, tanto nacionales como internacionales, destacó que además de la impunidad existe la negación de la evidente estigmatización en contra de los colegas en un país con estos índices de violencia y “las zonas silenciadas son una realidad en México”.
Aclaró que la impunidad no es de este gobierno, sino que ha sido de sexenio tras sexenio; no obstante, continúa el problema de la implantación de las leyes y es ahí donde el Legislativo puede dar una respuesta.
“Debemos pedir la reflexión desde el Presidente hasta todos los demás funcionarios de que cuando se agravia a un reportero o a un medio se genera una cascada para que la estigmatización se replique en los estados”.
Que México mantenga cifras del 99 por ciento de impunidad no sólo es un signo de preocupación, sino un imperativo para tratar de hacer algo desde el escenario internacional, alertó.
Sara Mendiola, de Propuesta Cívica, sostuvo que son los funcionarios públicos quienes principalmente hacen uso perverso del Derecho para agredir a quienes se dedican a informar. “No sólo se requiere legislar la figura, si no el proceso”.
Precisó que en la Ciudad de México el Código Civil es usado para demandar a periodistas, a pesar de que éste regula otro tipo de daño moral alejado a la libertad de expresión. “Debemos dotar a los jueces para que hagan estudios previos de las demandas y puedan desecharlas y los periodistas no deban pasar por un proceso legal de hasta cinco años”.
Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras, pidió se haga un exhorto específico al titular del Ejecutivo para que no estigmatice a las y los periodistas, porque su descalificación en un país con estos niveles de impunidad es sumamente riesgoso.
Es intolerable que en lo que va del año han sido asesinados 10 periodistas en México, lo coloca como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
Solicitó que la comisión demande un informe periódico sobre los avances de las investigaciones de delitos contra periodistas, así como crear comisiones específicas para atender la desaparición de los 24 periodistas desaparecidos.
