Por: Humberto Urquiza Martínez, Consejero Electoral en el IEM
Existen diversas formas de comprender el significado de las elecciones, que van desde la elección de las personas que integrarán los diversos órganos públicos, o bien, como un mecanismo que permite dirigir la gobernabilidad. En éste último caso, destaca lo que sucedió el pasado fin de semana en dos países: España y Bolivia.
En el primero de ellos y producto de 4 años de una transformación en la representación política, con la culminación del bipartidismo, para transitar al multipartidismo, que a la par del fenómeno de independencia de la región autónoma de Cataluña, se tuvo el 4º proceso electoral en 4 años, para tratar de construir un gobierno de mayoría que permita ejercer a plenitud con las acciones ejecutivas propias del gobierno.
Durante estos últimos 4 años, el proceso electoral ha sido el último instrumento que se ha utilizado para tratar de conseguir gobiernos de mayoría. Hay que recordar que España es un modelo parlamentario, en el cual la función ejecutiva (que para nosotros sería del Presidente de la República) requiere de 176 parlamentarios (diputados), para con ello, tener garantizado el acceso a las funciones plenas de gobierno, sin embargo, la historia se ha repetido y ninguno de los partidos ha logrado obtener la mayoría (176 parlamentarios), pero tampoco han podido lograr que los aliados de los dos principales partidos, PSOE y PP, tengan en coalición, dicho número, lo que ha complicado la gobernabilidad, por ello, el proceso electoral en España no ha podido concretar uno de los objetivos políticos más importantes, garantizar la gobernabilidad desde los comicios para tener claridad quien gobernará.
El otro caso es Bolivia, país sudamericano que está viviendo días muy intensos, a partir del proceso electoral, en el que Evo Morales se reelegiría y que por la cercanía de su competidor, produjo una escalada de hechos que iniciaron con las conclusiones del grupo de observadores de la OEA, quienes consideraron que no existieron las garantías mínimas para la legitimidad y legalidad del proceso electoral, ante lo cual y después de haberse declarado como presidente electo, Evo Morales, en un contexto de reclamos sociales, determinó aceptar una auditoría por parte de la OEA concluyendo el fin de semana que los resultados y el propio proceso electoral no había tenido las garantías mínimas para generar certeza en los resultados, ante lo cual, el propio Presidente determinó que se llevarían a cabo de nueva cuenta las elecciones, lo que no fue suficiente para evitar un conflicto mucho mayor y que está llevando a los límites del estado de derecho. Ante lo cual, y más allá de los efectos políticos de lo que está aconteciendo en el país sudamericano, es claro que un proceso electoral puede garantizar, procesos de gobernabilidad si es que se tienen los elementos institucionales y jurídicos mínimos, pero sobre todo la participación y decisión de la ciudadanía a través de los comicios que generen legitimidad y permitan el ejercicio del gobierno con ciertos márgenes de orden que reproduzcan las condiciones para que quien gane, logre responsabilizarse de la función de gobernar.
Tanto en España como en Bolivia, los resultados electorales han generado, y lo siguen haciendo, efectos en la gobernabilidad de cada sociedad.
