Redacción
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), integrante de las comisiones de Justicia, y de Derechos Humanos, pidió que los tres niveles de gobierno emitan una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en todo el país.
“Que se decrete la Alerta de Género en todo el país, acatando las recomendaciones que recientemente emitió la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano, como primera medida urgente”, indicó en rueda de prensa, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este lunes, 25 de noviembre.
Villavicencio Ayala añadió, que también se requiere impulsar una campaña de prevención en las escuelas con padres y madres, centros de trabajo, instituciones, medios de comunicación, plataformas y redes.
Consideró que se deben realizar algunas acciones, como creer en los niños, niñas, adolescentes, mujeres violentadas o víctimas indirectas, porque “los ministerios públicos no les creen”.
Exigió que se certifique a los funcionarios que trabajan con mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia; generar un registro real de agresores, no solo de detenidos; eliminar el fuero eclesiástico que se le otorga a los pederastas y las prescripciones de tiempo para delitos relacionados con cualquier tipo de violencia contra este sector de la población y sancionar a quien omita denunciar a un agresor.
Asimismo, urgió a sancionar la violencia institucional y crear un Código Penal Único, ya que las desigualdades estructurales, estereotipos y prejuicios se reflejan claramente en el sistema penal.
“Basta de victimizar a las mujeres que acuden a denunciar al Ministerio Público (MP) donde son descalificadas en razón del parentesco con el agresor, forma de vestir, conducta sexual o lugar y hora donde se encontraban al ser agredidas. Alto a los estereotipos de género que impactan las investigaciones y valoración de las pruebas afectando el proceso penal y dejando a salvo a los agresores”, expresó.
Comentó que según datos oficiales 10 mujeres mueren todos los días en manos de sus agresores y una de ellas por lo menos es niña y 600 mil mujeres son violadas al año.
Refirió que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que en México anualmente cinco millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso o violación sexual y el primer país donde más violencia infantil existe.
“Las mujeres somos el grupo social más discriminado en este país, lo cual se agudiza por los niveles de pobreza y las intersecciones de cultura, etnia o raza, por lo que la solución no estriba en culpar a determinados actores cuando el propio gobierno no ha planteado alternativas serias para erradicarla, discriminando seriamente a las mujeres y a la niñez al no reflejar sus necesidades fundamentales en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020”, expuso.
Mencionó que las estancias infantiles o centros de educación inicial “no son un capricho de la oposición, sino una indispensable política pública para garantizar la integridad de niñas y niños”.
Señaló que el 90 por ciento de los abusos contra los niñas, niños y adolescentes se cometen en casa, por eso “es inaplazable la necesidad de reestablecer esta política pública, ya que podría garantizar el desarrollo y acceso al trabajo a las mujeres contribuyendo a acabar con la visión de que su cuidado es una obligación exclusiva de ellas cuando es corresponsabilidad del Estado, familia y sociedad”.
“De qué sirvió la reforma educativa donde se otorga la responsabilidad de la educación inicial del Estado, si la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tendrá el presupuesto suficiente para ello”, cuestionó.
Villavicencio Ayala insistió que el Estado no ha cumplido con su obligación de prevenir y erradicar la violencia, discriminación y el acceso a la justicia, ya que “no tenemos un sistema judicial que garantice el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y que crean en lo que dicen las mujeres, niñas y niños”.
“Queda claro que la violencia institucional, el recorte en el presupuesto y las omisiones en materia de justicia se traducen en impunidad y fomentan el aumento de la violencia contra las mujeres…constituye la principal violación de derechos humanos y erradicarla es una responsabilidad del Estado”, concluyó.
