Héctor Tapia
Tras insistir en que la aprobación de la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2020, que contempla tanto una deuda de 4 mil 90 millones de pesos como una reestructura de la deuda de 17 mil millones de pesos, tiene “vicios” de ilegalidad, el legislador local Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena, resaltó que se recurrirá a una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que revierta esta aprobación que dio por mayoría simple el Congreso, como también a la Secretaría de Hacienda del gobierno federal, para que no se autorice o no avale la contratación de deuda para el estado.
Una Acción de Inconstitucionalidad requiere el respaldo de 14 legisladores locales, por lo que se espera que quienes la rechazaron a la hora de la votación se sostengan en ello; se trata de 6 legisladores de Acción Nacional, 2 del Partido del Trabajo y los 7 de Morena que acudieron a la sesión.
Es decir, si se mantienen los 15 que la rechazaron, se podría interponer esta medida y judicializar la aprobación que hicieron las demás fracciones parlamentarias; para interponer este procedimiento se tiene 30 días naturales.
Incluso, dijo Ramírez Bedolla, se busca que más legisladores puedan sumarse, ya sea de los que no acudieron a la sesión, como de los que votaron a favor de la deuda; pero esto está por verse, refirió en entrevista.
“Lo que nos llama la atención es la serie de irregularidades, violaciones a la Constitución de la República y también a la ley de disciplina financiera de los Estados y municipios, en qué sentido, en qué el artículo 117 de la Constitución es muy claro y señala que para que una deuda sea aprobada debe ser de votación de dos terceras partes de los Congresos locales pero las leyes de ingresos se aprueban con la mitad más uno de los votos y desde la Secretaria de Finanzas del gobierno del Estado nos envían al Congreso la propuesta de Ley de Ingresos que contiene en su interior la deuda y la reestructura desde ahí hay una irregularidad de proceso, violación del proceso legislativo y violación jurídica del procedimiento”, remarcó.
Resaltó que al no haberse votado en dictamen aparte el tema de la deuda y la reestructura, entonces dejó “el camino abierto para presentar acciones legales” respectivas.
“Más aún vamos a alertar a la Secretaria de Hacienda que es quien tiene que dar luz verde en su Unidad de registro único de deudas públicas para que esté enterada de esta burla, esta violación a las leyes y procederemos también en varios sentidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, refirió.
Así mismo dijo que se hará uso de todas las herramientas legales, democráticas y jurídicas “para atacar de manera directa la deuda”.
Para interponer el procedimiento, dijo, se requieren 14 diputados que la respalden y la firmen, “creo que lo podemos lograr”.
Enfatizó que el rechazo a la deuda y al procedimiento que se dio “no es un tema personal”, sino que se dio violentando todo el proceso legislativo.
“No es un tema personal con ninguno de mis compañeros diputados y compañeras diputadas que votaron a favor, de ninguna manera, tienen esa libertad, no lo compartimos, no coincidimos, pero creo que, como lo hicimos con los impuestos, podemos coincidir en qué no es saludable para Michoacán ni los impuestos ni la deuda, está es una deuda muy sospecha muy rara que prácticamente se da al final del sexenio de Silvano”, explicó.
En este sentido dijo que la deuda aprobada “parece (parte de) el año de Hidalgo pero los procedimientos se tienen que respetar y es lo que no se respeta, no se cumple, por ello tenemos todas las herramientas, todos los argumentos para intentar está acción de inconstitucionalidad y también iremos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que les quede claro a señalar estas violaciones”.
En cuanto a los tiempos para tener formulado el documento, dado el plazo de 30 días naturales luego de que se publica en el Periódico Oficial del Estado, Ramírez Bedolla dijo que seguramente se presentará al límite del mismo, y en este periodo se buscará sumar la mayor cantidad de coincidencias al respecto, es decir sumar más diputados a la Acción de Inconstitucionalidad.
