Redacción
• La política anticorrupción del Gobierno de la Cuarta Transformación encabezada por la Función Pública, asciende del lugar 138 al 130 en el ranking del IPC de Transparencia Internacional.
• Estos buenos resultados son reflejo de la implementación de una nueva estrategia basada en el enfoque de la corrupción estructural: secretaria Sandoval Ballesteros.
• La Función Pública destaca como factores claves para estos buenos resultados, el combate de los conflictos de interés, considerar la corrupción y el fraude electoral como delitos graves y el combate a la impunidad, entre otras acciones.
Para la secretaria Irma Eréndira Sandoval, los buenos datos del IPC 2019, que reflejan una escalada de ocho posiciones en el ranking internacional, al subir del lugar 138 al 130, y otorgan un punto adicional en su calificación (29 puntos) respecto del año anterior, son producto de una estrategia que da resultados.
Entre las acciones que la Función Pública realizó en 2019 destacan: declaraciones patrimoniales transparente del gabinete legal y ampliado al 100%; los nuevos formatos de declaración patrimonial, que enfatizan en el combate a los conflictos de interés; las sanciones a ex funcionarios de alto nivel, la lucha contra el clientelismo y el corporativismo, y la política de austeridad republicana.
Además, la publicación de un nuevo Código de Ética para el Gobierno Federal; la ciudadanización del combate a la corrupción; la firma de convenios de colaboración con instituciones como agencias de la ONU, la UNAM, la Cámara de Diputados, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, entre otras; sanciones contundentes y efectivas en los más altos niveles en los casos de la “Estafa Maestra” y Odebrecht; el lanzamiento del portal Nómina Transparente; la profesionalización del servicio público con perspectiva de género; así como la culminación en el actual gobierno del espionaje inmoral e ilegal a ciudadanos y opositores.
Por lo demás, dado que el IPC sólo abarca hasta agosto de 2019, no refleja el impacto de acciones fundamentales desplegadas por el Gobierno de México durante los últimos meses del año pasado. Entre las cuales destacan la entrada en vigor de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por la Función Pública; las observaciones a estados y municipios por más de 46 mil millones de pesos; el lanzamiento del Padrón de Integridad Empresarial; las primeras denuncias del programa Alertadores Internos y Externos de la Corrupción; la puesta en marcha del programa Denuncia Paisano, así como la publicación del programa transversal de combate a la corrupción, y la creación de un Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción en el INEGI.
Gobierno de México a la vanguardia
La Función Pública se congratula por el hecho de que entre las recomendaciones señaladas por Transparencia Internacional para prevenir la corrupción se encuentren medidas que el actual Gobierno de México implementó desde el principio.
Para eliminar el fenómeno de las “puertas giratorias”, en la Ley Federal de Austeridad Republicana se estableció una veda de 10 años para que altos funcionarios no se contraten en empresas que hayan supervisado y regulado.
En ese mismo sentido, para combatir los conflictos de interés, la nueva ley mandata que, antes de ocupar cualquier empleo público, las personas deberán separarse legalmente de los activos económicos que afecten el ejercicio de su cargo.
En cuanto al control del financiamiento político y la integridad electoral, el Gobierno de México impulsó reformas legales que establecen como delito grave la corrupción y el fraude electoral. Además, ha reiterado su apoyo a las medidas que reducen las altas cantidades de dinero que reciben los partidos políticos del erario público.
Todo ello se inscribe en las recomendaciones que Transparencia Internacional realiza en el informe recientemente presentado.
