Humberto Urquiza Martínez
Sin duda el momento que se vive producto de la pandemia, está produciendo diversos cambios en todas las actividades de las personas, sea en lo individual o en lo colectivo.
El alcance de la posible afectación no tiene todavía un límite y, por tanto, es necesario la intervención directa de la autoridad para encontrar el mejor camino que permita salir lo antes posible de la emergencia, y tratando que sea en condiciones de menor afectación a la población.
Producto de ello, los primeros responsables de atajar el momento es el poder ejecutivo federal, locales y los Presidentes Municipales, a través de las atribuciones que tienen en materia de salud y emergencias, así como con las estructuras orgánicas a su mando. Por el nivel y gravedad de la situación han implementado, esos gobiernos, medidas para restringir ciertos derechos y libertades y con ello atender de mejor forma los retos del virus COVID-19. Por ello, deben de efectuar medidas sumarísimas que paleen la gravedad de cada día, como es la compra de productos, equipo e insumos de salud que no estaban programados al momento de la presupuestación, pero que sin duda se justifican.
Sin embargo, el uso de los recursos públicos, en ningún momento puede estar sujeto a una discrecionalidad y obscurantismo en la que muchos años vivió la sociedad mexicana y que hizo tanto daño.
Pero no solo ello, la transparencia no solamente debe de ser respecto del uso de los recursos, sino de cada una de las actividades que se lleven a cabo dentro de la emergencia. En otras palabras, la gravedad no puede justificar una actuación en sentido contrario a la transparencia establecida en la norma mexicana y la cual está hecha para legitimar el uso del recurso, así como de la actividad públicas (de todos los poderes y órganos públicos). Si se necesitan ejercer recursos, hacer acciones y quizá algunas omisiones, como parte de la estrategia de la función pública, debe, aún así, de llevarse a cabo con la difusión más amplia ante la sociedad, por lo que, bajo ninguna circunstancia se puede renunciar al escrutinio público.
Hacer lo contrario solamente nos llevaría a una regresión que iría en contra del principio de progresividad de los derechos humanos, como es el de transparencia y acceso a la información.
Es por ello, que las actividades del sector público deben de reducirse para evitar mayores infecciones, pero en ningún momento se puede cerrar el paso a la transparencia, de ahí la importancia de que los órganos garantes de la transparencia, amplíen su esfuerzo de trabajo de fiscalización pública respecto de la actividad pública, claro, con todos los cuidados y protocolos del caso. Y por parte de los poderes públicos y órganos autónomos, mantener la transparencia en momentos de crisis.
En ningún momento la emergencia puede justificar la discrecionalidad en la actividad pública y menos la suspensión de los derechos de la sociedad de conocer que se está haciendo. Es más, la emergencia debe de ampliar el margen de información y transparencia para generar certeza en el colectivo, y con ello, atajar de mejor forma, la gravedad del momento. Hacer las cosas bien, no está peleado con hacerlas en situaciones de crisis.
