Por: Jorge Luis Hernández Altamirano
Ante el peligro que la pandemia representa para la población de un Estado, parece dibujarse una falsa disyuntiva en el camino: ceder libertad a cambio de seguridad. Esa misma premisa motivó algunas de las leyes antiterroristas después del 11-S y regresa a escena ahora en la medida en que las tenues políticas de privacidad han permitido que algunos países de Asia monten un modelo de seguimiento individual, a través de los dispositivos móviles de sus ciudadanos, para identificar a pacientes expuestos al contagio y aislarlos rápidamente.
Y es que, está claro que la pandemia ha puesto en jaque nuestras prioridades. Como en el estado de naturaleza más original, la preocupación se dirige hacia la supervivencia y los demás temas de la comunidad política se ubican, al menos en segundo plano. Hoy por hoy, si el Estado es capaz de asegurar nuestra vida, nos daríamos por bien servidos.
Pero, en la contingencia, no debemos perder de vista que, en una democracia, como en la que vivimos, el gobierno (la suma de las representaciones populares y sus administraciones públicas en toda la geografía del Estado) es sólo una parte de la comunidad política y que su éxito o fracaso dependen también de la capacidad de su ciudadanía para promover sus medidas, obligar a corregirlas y plantear alternativas.
Es decir, el confinamiento al que orilla la pandemia no debe ser razón para obviar la existencia de agendas de cambio ciudadanas ni para gobernar sin ciudadanía. La cuarentena no significa renunciar a lo público, a nuestro derecho a influir en la toma de decisiones de eta sociedad.
Y aunque muchos ciudadanos están impulsando iniciativas increíbles que incluyen el apoyo a los trabajadores que están enfrentando esta situación de crisis, así como a las familias más vulnerables, lo cierto es que en la cancha gubernamental el mensaje de “quédate en casa” no ha estado acompañado de la oferta de canales para mantener una escucha directa con su ciudadanía, con muchas ideas importantes para lidiar con esta crisis.
En síntesis, un Estado democrático entiende que la forma más eficaz para resolver los problemas es apegarse al cumplimiento de la ley y de los principios que sostienen a su ordenamiento jurídico. Las soluciones entonces deberán tener, por lo menos, máxima transparencia en el uso de los recursos, apego a las normas y apertura hacia la ciudadanía.
Para muestra, basta un botón: La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Michoacán tiene que definir las reglas con las que se van a organizar las elecciones del próximo año. Por ello, implementó una serie de foros ciudadanos con el propósito de obtener ideas de las personas y, me imagino, explicar cuáles son las guías sobre las que está trabajando esta Comisión.
La pandemia, sin embargo, obligó a suspender esos foros. Y, aunque el sitio http://congresomich.gob.mx/foroelectoral/ sigue habilitado, no hay información nueva que nos ayude a especificar cuáles son las propuestas que se han hecho en cada uno de los ejes temáticos e iniciativas que se están dictaminando, tampoco hay manera de conocer, y mucho menos discutir, las propuestas que otros ciudadanos han hecho llegar a la Comisión.
Ayer mismo, el IEM ha entregado su lista de propuestas para esta discusión; pero, hasta este momento, los ciudadanos no conocemos el contenido específico de esas ideas. Ojalá que la Comisión y el resto de las instituciones que impulsaban este ejercicio entiendan que la vía presencial no es la única manera de generar un diálogo ciudadano y que, sin el debate abierto de los temas que se están discutiendo, la nueva reglamentación electoral estará viciada de origen al concebirse en la oscuridad de los acuerdos parlamentarios.
No saldremos de la crisis renunciando a nuestros derechos ciudadanos, sino precisamente haciendo uso de ellos. Ojalá que las autoridades lo entiendan.
