Redacción
Significa un importante paso para la reivindicación de las injusticias cometidas en el pasado- Servirá para evitar contagios de Covid-19 al interior de los reclusorios
El Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen a la minuta que expide la Ley de Amnistía, a efecto de descongestionar los centros penitenciarios y aminorar el contagio de Covid-19, al interior de los reclusorios.
El proyecto de decreto fue aprobado, en lo general y los artículos no reservados, con 68 votos en favor, 14 en contra y dos abstenciones.
La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, remitió el documento al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El dictamen parte del reconocimiento de que muchas de las conductas que mantienen privadas de su libertad a aquellos que las cometieron, no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros, ni pone en evidencia la intención del sujeto activo de volver a delinquir.
Subraya que, de adquirir fuerza de ley, se reconocería que en ciertos casos, el Estado no garantizó plenamente el derecho a un debido proceso de los indiciados o sentenciados.
“Dicho en otras palabras y de manera contundente, la amnistía reconoce que las cárceles del país hay personas que pudieran ser inocentes o podrían haber compurgado su pena en libertad”, se resalta en el texto.
Uno de los objetivos principales de este proyecto de decreto es reinsertar al tejido social a diversos grupos que sufren de extrema vulnerabilidad por su condición de exclusión y discriminación, así como por su situación de pobreza, como es el caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que no tuvieron una defensa adecuada.
Se trata de un paso en la dirección correcta, no sólo para reparar injusticias que se hayan cometido por el sistema de justicia penal, sino para atacar las causas estructurales que ocasionan el fenómeno delictivo que sufre México, se puntualiza.
Población beneficiada
El proyecto decreta amnistía en favor de mujeres procesadas o sentenciadas en tribunales federales por aborto en todas sus modalidades, personas obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales.
Asimismo, se beneficiará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.
Se aclara que la amnistía se aplicará para dichos casos, cuando las personas no sean reincidentes, respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas, y siempre que los ilícitos mencionados se hayan cometido antes de la fecha de entrada en vigor de este decreto.
Respecto del tema del aborto, se favorecerá a la madre del producto del embarazo interrumpido, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, cuando la conducta delictiva se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la madre.
En cuanto a los delitos contra la salud, la amnistía será procedente cuando la persona que los cometió se encuentre en situación de pobreza o de extrema vulnerabilidad, tenga discapacidad permanente, o el ilícito lo haya realizado por indicación de su pareja sentimental, pariente consanguíneo, por temor fundado, o haya sido obligado por grupos de la delincuencia organizada.
La ley aplicará para las personas consumidoras que hayan poseído narcóticos en cantidades superiores, hasta en dos tantos, a la dosis máxima de consumo personal, y cuando no haya sido con fines de distribución o venta.
Se decretará amnistía a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso, por cualquier delito, no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, por no haberles sido garantizado el derecho a contar con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura.
Respecto al robo simple y sin violencia, se implementará el ordenamiento cuando no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años.
La Ley de Amnistía será procedente en cuanto al delito de sedición, cuando se haya invitado, instigado o incitado a la comisión de este delito formando parte de grupos impulsados por razones políticas, con el propósito de alterar la vida institucional. No aplicará la ley cuando se trate de terrorismo o haya causado privación de la vida, lesiones graves a otra persona o utilizado armas de fuego.
El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.
Mandata al Ejecutivo federal a integrar una Comisión que coordine los actos para dar cumplimiento a esta ley. La solicitud de amnistía será resuelta por ese organismo en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma.
Podrían beneficiarse a más de dos mil 600 personas con la Ley de Amnistía
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias Solís expresó que por razones humanitarias es que se debe aprobar el dictamen, ya que sus efectos, alcances y beneficios tienen un impacto positivo en la impartición de justicia para los grupos más vulnerables.
Indicó que con su aprobación se estaría abonando al descongestionamiento de las cárceles para aminorar el contagio de Covid-19, al interior de las mismas.
En este sentido, señaló que la población no reincidente del fuero federal es de más de mil 830 personas, que representa el 73 por ciento de la población total privada de la libertad de dicho fuero. Habría más de dos mil 600 personas que serían potencialmente beneficiadas, precisó.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera aseguró que la aprobación del dictamen significará un importante paso para la reivindicación de las injusticias cometidas en el pasado y para la reconstrucción del tejido social, además de constituir una acción estratégica de cara al actual al problema de salud nacional.
Aseguró que el hecho de estar sesionando el día de hoy, , es una muestra de que en este recinto legislativo se trabaja solidariamente pensando en el bien de la sociedad y especialmente en quienes por sus condiciones sociales, económicas, culturales o éticas, no pueden defenderse por sí mismas de la injusticia.
No hemos venido a dictaminar una ley para liberar criminales, hemos venido a servirle a nuestro prójimo, porque hemos aprendido que el poder solamente tiene sentido cuando se pone al servicio de los más débiles y vulnerables, puntualizó.
El senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del PAN, mostró su rechazo a la propuesta, a la cual calificó como un “capricho de Morena”. Además, lamentó que la sesión no se convocará para aprobar un plan de rescate económico emergente y de apoyo a la salud de los mexicanos.
Discusión a favor y en contra
Desde la tribuna., el senador Primo Dothé Mata, de Morena, informó que un gran sector de los reclusos es inocente o fueron empujados a cometer delitos por la crisis socioeconómica acarreada por gobiernos anteriores. “Es moralmente obligatorio para la Cuarta Transformación comenzar con un proceso de remediación para esta situación”, apunto.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria lamentó que en esta sesión se haya “limitado la agenda” y no se atienda la crisis en México ni se trabaje para establecer un plan integral que salve vidas, detenga el deterioro de la economía o mitigue los efectos de la pandemia de coronavirus.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, dijo que se trata de un dictamen muy importante y más ahora en tiempos de la pandemia. Es un acto de humanidad para que aquellas personas, que no obstante haber cumplido el 50 por ciento de su pena y tener buena conducta, no pueden salir por su situación de pobreza o por haber sido víctimas de extorsión, puntualizó.
Por su parte, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, de Acción Nacional, señaló que esta ley tiene cierto grado de nobleza, sin embargo, la propuesta se aborda desde una perspectiva incorrecta, debido a que la población que será liberada cometió delitos que repercutieron en las familias mexicanas. Refirió que no existe un plan alternativo para reinsertarlos a la sociedad que incluya, por ejemplo, un esquema de empleos.
El senador por el PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, indicó que dicha ley es parte del proceso de pacificación, reconciliación y construcción del tejido social, es un gesto reconciliador con el que se refrenda el compromiso de legislar para los sectores más vulnerables de la sociedad, además de que significa una segunda oportunidad a quienes cometieron uno de los delitos descritos.
La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del PT, dijo que el dictamen no se limita a la seguridad pública o la justicia. Es un asunto humanitario, que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, con un enfoque de reinserción y no meramente punitivo hacia la población más vulnerable.
Posteriormente, senadoras y senadores de Morena, PAN, PT y Movimiento Ciudadano presentaron diversas propuestas de modificación; sin embargo, fueron rechazadas por la mayoría del Pleno. El dictamen fue aprobado, en lo particular y en sus términos, con 63 votos en favor, 12 en contra y tres abstenciones.
