Héctor Tapia
Los ayuntamientos, a través de sus cabildos, podrían determinar sus organismos de agua potable no cobren el servicio hasta que pase la pandemia y definir el prorrogar los pagos hasta antes de que finalice el presente ejercicio fiscal.
Esto con la finalidad de no asfixiar a los usuarios de este servicio, fundamentalmente para los sectores de mayor vulnerabilidad, entre ellos los adultos mayores, quienes hayan perdido su empleo, o las condiciones que el cabildo considere pertinentes.
Esto permitiría a su vez garantizar que no se les corte el servicio a los usuarios, y que tengan de plazo hasta antes de que finalice el año para poder ponerse al corriente; así lo dictaminaron las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto, y se estaría programando para ser votada en la siguiente sesión que tendrá el pleno del legislativo michoacano.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Hacienda, el legislador panista Arturo Hernández Vázquez, quien remarcó que el dictamen establece una ruta legal para poder facultar a los municipios para que no corten el servicio de agua potable y aplazar el pago, en tanto pase la pandemia provocada por el coronavirus.
Reconoció que esta es una facultad de los cabildos, toda vez que son autónomos, por lo que ahora tocará a los municipios abordar este tema, y no se les puede obligar a llevarlo a cabo.
Arturo Hernández refirió que el dictamen implicó la adición de varios artículos transitorios, donde incluso, si el municipio que lo impulse, si tiene condiciones financieras, hasta subsidiar los pagos de agua potable de ciertos sectores vulnerables, condiciones que tendría que valorar los cabildos.
Dijo que “el espíritu de la ley, es a intención de que las personas que están en sus casas, siguiendo las indicaciones porque los despidieron o por otra situación no llegue el ayuntamiento a querer cortarles el servicio o cobrarles, no podrán hacerlo, es la intención, para que en lo que resta del año puedan pasar a pagar a pagar”.
De manera adicional también se plantea un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que prorrogue o subsidié alguna parte del pago por consumo de energía eléctrica de los organismos de agua potable, quienes son los que tienen a su vez que hacer llegar el servicio a los ciudadanos.
