Por Jorge Luis Hernández*
La constante amenaza de Grupo Salinas de llevarse al equipo de fútbol que compraron hace más de veinte años, y que había permanecido en la ciudad desde su fundación, al fin se hizo efectiva. No debe sorprender el hecho, si recordamos las constantes críticas de la directiva hacia su afición y el ecosistema empresarial (gobierno y empresarios), que especialmente arreciaron cuando el mismo grupo compró al Atlas.
Pero, más allá de la natural afectación en el estado anímico de una afición que, en su mayoría, entendía al equipo más como un elemento identitario y de convivencia social que como una mera distracción semanal, y del evidente costo económico, se han calculado alrededor de nueve mil empleos directos e indirectos relacionados con el futbol, que esta mudanza tendrá en una ciudad ya de por sí estancada económicamente, hace falta mirar un poco más allá de la tristeza para extraer valiosas lecciones para el futuro.
Y es que, tanto libertarios como izquierdistas, deberían escandalizarse con las investigaciones de Eduardo Pérez Arroyo, en este mismo portal, y de Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra en la Revista Proceso del domingo pasado, sobre cómo Monarcas Morelia se convirtió en un verdadero depredador de recursos públicos que, para garantizar su permanencia, pedía más y más. Los unos porque disponer de recursos públicos afecta el equilibrio de un mercado, como el futbol profesional, en el que, supuestamente, está prohibida la intromisión del erario; los otros porque, parece hasta broma que una entidad con los graves rezagos, y la fragilidad financiera de Michoacán, destine recursos al sostenimiento de una empresa como esta.
Sé que no pocos discutirán que el Estado está obligado a promover la inversión y a cuidar a las empresas ya asentadas en su territorio, para proteger los empleos y la economía que esos casos desencadenan. Pero, aún en el caso de aceptar que puede ser socialmente rentable cederle presupuesto un equipo de fútbol, es evidente que, en tanto recursos y política pública, este proceso debería orientarse bajo los principios de máxima publicidad y de deliberación democrática.
En ese sentido, la partida de Monarcas Morelia no puede ser un borrón y cuenta nueva para el estado y para sus autoridades. Las investigaciones no tienen clara la cantidad de recursos que el gobierno del estado le otorgó al equipo en su estadía acá, el origen de éstos y los compromisos a los que, en un contrato, las partes se comprometieron.
Y es que no podemos olvidar que hacia 2016-2017 los recursos públicos entraron de modo tal al sostenimiento de Monarcas Morelia que incluso se reflejaron en el uniforme, como sponsor oficial. Aquel uniforme exhibía, a la altura del pecho, los logotipos de las administraciones estatal y municipal.
Pero, el acuerdo no sólo incluía la promoción de la administración de estos gobiernos en la playera del equipo de la ciudad, ojo que no la marca “Michoacán” o “Morelia” para promocionar el turismo. El detalle es importante porque la publicidad institucional debe, por ley, ser impersonal, cuestión que no le impidió al gobernador Silvano Aureoles protagonizar el medio tiempo de la transmisión de un Morelia – América en febrero de 2017 para hablar del equipo y de los retos de su administración.
Pasada la campaña, y agravada la crisis financiera de la entidad, estaba claro que el erario estaba en condiciones difíciles para seguir manteniendo el monstruo ávido de presupuesto público. Con ese arco narrativo, suena muy plausible entender que, ante la oferta de 400 millones, que los sinaloenses ponen sobre la mesa para los gastos anuales del equipo, los 40 millones, que presuntamente ofrecía el gobierno estatal, eran risibles y la mudanza era inevitable.
Pero aún es menester entender de dónde salían esos 40 millones de pesos y por cuánto tiempo se entregaron a la directiva de Monarcas, ¿se tomaron de Turismo?, ¿eran parte del dinero que debería estar destinado a apoyar a los atletas juveniles y al deporte amateur?, ¿salieron de una caja chica en Palacio de gobierno?
Y es que, a diferencia del gobierno municipal, que sí ha entregado los contratos que, por publicidad firmó con el equipo en la administración pasada, el gobierno de Silvano Aureoles se protege en la inexistencia de documentos en diversas instancias: Finanzas, Turismo, Fomento Turístico de Michoacán, el Instituto de la Juventud y la Coordinación General de Comunicación Social han negado tener registros al respecto.
Y, aunque existe evidencia de los uniformes y de un comunicado de prensa que anunciaba la alianza entre el equipo y el gobierno del estado, como se puede ver en el recurso de revisión 758/2019 promovido por quien esto escribe, lo cierto es que IMAIP ratificó la respuesta de Finanzas y los michoacanos seguimos sin saber cuánto, cómo y por qué se pagó a Monarcas Morelia.
Urge saber qué pasó porque es obligación de las autoridades dar cuentas. Es necesario aprender esas lecciones para futuro, pues seguro algún nuevo equipo llegará pronto. Ojalá que no sea con la condición de exprimir dinero del erario, ojalá no sea al estilo Salinas Pliego.
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