Humberto Urquiza Martínez
El año ha presentado, en poco tiempo, escenarios impensados en las actividades políticas del mundo y en particular de México. Uno de ellos lo está protagonizando el INE, quien, con el comienzo de la pandemia en el mes de marzo, tomó una determinación que inició el camino por la delgada línea de la política.
Ante la obligación de organizar elecciones en dos entidades federativas como Hidalgo y Coahuila, con el escenario de arranque de la emergencia sanitaria, el Consejo General del INE determinó suspender, sin fecha fija, la celebración de las elecciones en ambos estados. La decisión sin duda de alto grado de responsabilidad, expuso la idea sobre la importancia de las elecciones y de los derechos político electorales, ya que la decisión determinó considerarlos como no esenciales.
Más allá de la inconstitucionalidad de la medida -basta revisar el artículo 29 de la Constitución Federal para saber que ni en una emergencia se puede suspender los derechos políticos- la decisión del INE generó la idea de que las elecciones pueden suspenderse y por tanto, el cambio periódico en los gobernantes puede ser diferido, o peor aún, la integración de las autoridades electas no sería producto del voto ciudadano, si no del acuerdo de los Congresos locales para designar a los Ayuntamientos y para ampliar el periodo de los diputados que lo integran. En ambos casos, se sustituye el voto ciudadano por decisiones políticas de unos cuantos, contrario a la idea de la democracia.
Posteriormente, la postura del gobierno federal sobre algunos órganos autónomos, ha puesto en la línea del debate político al INE, el cual, ante la crítica, en algunos momentos desmedida, en otros no tanto, decide entrar al campo de la batalla mediática y se presenta como un actor que requiere del posicionamiento ante la opinión pública para legitimarse, lo que podría tener mejor efecto, mediante el cumplimiento de sus atribuciones en procesos electorales.
Si bien el tema del costo de los órganos autónomos no es tan simplista y no depende de una visión personal, lo cierto es que la mejor forma de defensa del órgano electoral no es a través de un debate mediático, que nunca tiene un final, si no por la credibilidad en la sociedad y el valor social que tiene en cada persona, lo que se logra con el cumplimiento de sus atribuciones, en total respeto al marco legal, pero sobre todo, con un alto sentido de responsabilidad social, que permita la estabilidad política, a partir de la neutralidad e institucional en la actuación del órgano comicial.
Por ello, entrar a batallas mediáticas sólo produce la tensión entre las partes e inhabilita la perspectiva de objetividad en la sociedad al ponerla entre dos posturas. Por el contrario, la estabilidad política se alcanza encontrando puntos de consenso y no discutiendo los disensos, todo ello, a partir del cumplimiento de ley.
Ante el inicio de un proceso electoral en el que la batalla política es siempre entre partidos y/o candidatos, es necesario que se tenga un arbitro objetivo, neutral, institucional y certero, que se convierta en un actor político, pero a partir de su objetivo de cumplir con sus principios y funciones. Por ello, empezar el proceso electoral con posturas extremas de choque, en el que se elegirán 15 gobernadores, más Congresos locales y/o Ayuntamientos, además de la elección de 500 diputados federales, a nadie conviene.
El compromiso frente a los procesos electorales es tanto de la autoridad electoral, como del poder público, en todos sus órdenes de gobierno. Por ello, en nada ayuda la batalla mediática entre las partes, por lo que, en alguna de ellas deberá de caber la cordura. La pregunta es … ¿en quién?
