•Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por las comisiones se suman a las controversias constitucionales que presentaron diversos municipios.
Redacción
Morelia, Mich., a 26 de agosto del 2020.- La diputada local, Teresa Mora Covarrubias, aplaudió que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hayan presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Educación de Michoacán, aprobada en el Congreso del Estado en el mes de mayo.
La diputada petista, e integrante de la Comisión de Educación en el Congreso local, recordó que el Poder Legislativo aprobó el pasado 15 de mayo una nueva Ley de Educación para Michoacán plagada de irregularidades, que no está hecha para el beneficio de la comunidad docente ni estudiantil, sino para beneficios e intereses particulares.
“Aplaudimos que las comisiones, tanto la estatal como la nacional, hayan tomado cartas en el asunto: no se puede tener una Ley de Educación que deje fuera la educación indígena, que no tome en cuenta la opinión ni de padres de familia, ni de docentes, ni del alumnado. Ahora hacemos un llamado a la Suprema Corte para que haga lo propio y declare inválida esta Ley que, en vez de ayudar a la sociedad en general, la perjudica”, agregó.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, recordó que tanto los petistas como algunos otros diputados estuvieron en contra de la aprobación de esta nueva Ley, sin embargo -manifestó- algunos compañeros legisladores se valieron de irregularidades y actos deshonestos, pisoteando la propia Ley Orgánica del Congreso, para aprobar una Ley “sin sentido, sin forma y sin beneficio”, remató.
La diputada Teresa Mora señaló que estas acciones de inconstitucionalidad se suman a las controversias constitucionales ya presentadas por los municipios de Tarímbaro, Hidalgo, Zamora y Ocampo, y que la presentación de estos recursos es reflejo de una demanda pública y legítima que tienen los pueblos indígenas y la sociedad en general para que todos sean tomados en cuenta en la construcción de una mejor educación para la sociedad michoacana.
“No se puede aprobar una Ley a partir de un simple machote, mucho menos a pedimento de personajes ajenos a la educación en la entidad; cada Ley de Educación de los estados debe regionalizarse y adecuarse a las necesidades locales de su población”, finalizó.
