Por Humberto Urquiza Martínez
Con el arranque del proceso electoral tanto a nivel nacional como en las entidades federativas, se abre una pregunta: ¿qué está en juego en el proceso electoral?
Una respuesta está en la cantidad y diversidad de cargos de elección popular, los liderazgos que pueden llegar al poder o el partido que puede ganar. O bien, por la importancia de los cargos que se elegirán, como los integrantes de la cámara de diputados federal, gobernadores en 15 estados, así como congresos y ayuntamientos en la mayoría de las entidades federativas.
Así, para algunos, está en juego el control de los espacios de representación política.
Sin embargo, la relevancia de las elecciones no está en quién llega al poder, sea partido o persona, sino cómo llega al poder. Ello, en tanto la política en México tiene definido los papeles de los grupos políticos, por lo que las perspectivas de las formas de gobernar, están definidas. En juego no está la permuta de gobernantes, sino el cambio en el apoyo ciudadano hacia los gobernantes por medio de las elecciones.
Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que verdaderamente está en juego para la elección de 2021? La respuesta ante el contexto, está clara, el reto es lograr que el sistema para elegir a las autoridades funcione de forma distinta a lo que ha sido hasta hoy. Que la legitimidad política sea producto de la legalidad, si, pero sobre todo de un nuevo modelo de legitimidad política a partir del propio sistema electoral, que, si bien ya no es posible su reforma legal, si puede transitar a nuevos criterios que transformen los parámetros de legitimidad. Si revisamos el origen de la legitimidad en los últimos años, veremos que los niveles de participación ciudadana están, aproximadamente, en un 55% promedio; y en términos cuantitativos, hay una total falta de credibilidad en la autoridad electa. En gran medida los factores de ambas conclusiones están en la clase política, sin embargo, también hay razones de la falta de participación y credibilidad política a partir del sistema electoral, y ello es, en razón de los criterios de la funcionalidad electoral.
Pensar en una nueva legitimidad política pasa por reconstruir el sistema electoral y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo sin modificaciones jurídicas, para lo cual, es necesario cambiar los criterios con los que la sociedad, y principalmente grupos sociales, se puedan acercar a los procesos electorales y puedan generar un compromiso con la persona electa, primero, a partir de otras formas de participación en los procesos, que generen mayor vinculación en las elecciones, y posteriormente, por el nivel de participación. Para lograrlo, son necesarios nuevos criterios a partir de la ley en los que la autoridad evite tecnicismos, argumentos de dinero, y cumplimiento de procedimientos que, en exceso, hacen complejo poder participar.
Así, las calidades electorales en la ley tienen como objetivo su total cumplimiento, pero, sobre todo, buscan una mayor participación ciudadana en beneficio de la sociedad. El derecho electoral ha sido uno de esos ejemplos claros en donde la normativa, pero sobre todos criterios novedosos, han incidido positivamente en favor de grupos sociales, verbigracia, los grupos indígenas que han encontrado su emancipación por la vía electoral. Asimismo, la mujer con la paridad y violencia política, está en vías de la emancipación. Por ello, existen pendientes de grupos como migrantes y LGBTI+, los cuales requieren de nuevos criterios y normativa dirigidos en un sentido social y en beneficio de esa colectividad frente a su participación política. Esperemos lograr ese cambio desde el sistema electoral.
La oportunidad está abierta.
