Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Una iniciativa surgida de Rafael Barajas, presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y firmada por miles de personas, exhibió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata del desplegado “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra”, en respuesta al desplegado “En defensa de la libertad” que el pasado 17 de septiembre firmaron 650 intelectuales, académicos y científicos.
Esta mañana el presidente ordenó a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, dar lectura a ambas cartas “para que la cancha esté más pareja”.
El presidente criticó que no se diera al desplegado en su defensa la misma cobertura que se dio a la carta que lo criticaba (aun cuando medios nacionales como El Universal y Milenio sí la publicaron el domingo).
Entre otros contenidos, la carta de defensa a AMLO señala que el desplegado anterior es un llamado a amordazar al mandatario más legítimo que ha tenido México”, y ejemplifica que “en los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018 nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado, torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia”.
La carta en defensa del presidente se puede consultar de manera pública —e incluso firmar para manifestar el apoyo— en la dirección https://cutt.ly/vfLqfk2.
Esta es la carta completa.
Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra
Ante el texto titulado “En defensa de la libertad de expresión”, un grupo de ciudadanos promovió este posicionamiento que obtuvo una respuesta inesperadamente amplia. Nuestro documento fue abierto a firmas a las 14 horas del día 18 de septiembre, y al momento de su publicación (9 horas del día 20) cuenta con la adhesión de más de 28 mil ciudadanos.
El jueves 17 de septiembre un grupo de 650 exfuncionarios, empresarios, comentaristas, artistas, científicos e investigadores, divulgaron un documento titulado “En defensa de la libertad de expresión”, en el que sostienen que ésta se encuentra “bajo asedio” en nuestro país y que con ello “está amenazada la democracia”. Critican el discurso presidencial porque “estigmatiza”, “difama”, “agravia a la sociedad”, “degrada el lenguaje público”, “rebaja la tribuna presidencial”, “profiere juicios y propala falsedades” y “siembra odio y división” en México. Acusan, además, que tras las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador “han llegado la censura, las sanciones administrativas y los amagos judiciales a los medios y publicaciones independientes”.
Los firmantes aprovechan la oportunidad para denostar al jefe de Estado porque,
según ellos, “ha despreciado la lucha de las mujeres y el feminismo” y “el dolor
de las víctimas por la violencia”, “ha ignorado los reclamos ambientalistas, ha
lesionado presupuestalmente a los organismos autónomos, ha tratado de humillar
al Poder Judicial y ha golpeado a las instituciones culturales, científicas y
académicas”.
La amplia y libre difusión que ha alcanzado el texto de marras niega de manera
contundente su principal aserto: que la libertad de expresión está “bajo
asedio”. En los más de 21 meses transcurridos desde el 1 de diciembre de 2018
nadie ha sido presionado al silencio por el Ejecutivo Federal, ningún
informador u opinador ha sido hostigado, despedido, detenido, procesado,
torturado, desaparecido o asesinado por consigna de la Presidencia y el debate
público está más vivo y vibrante que nunca en la historia moderna del país. Lo
que es claro es que los firmantes querrían suprimir ese debate, amordazar al
Presidente y reinstaurar el monólogo y la verdad única que imperó hasta hace
dos años bajo el corrupto régimen neoliberal y el aparato mediático oligárquico
en el que muchos de los firmantes aparecían como amos y señores del
pensamiento, el análisis y la crítica y que imponía un monólogo legitimador de
saqueos, violencia de Estado, corrupción, frivolidad y desaseo electoral.
Estamos, pues, ante un exhorto que supuestamente llama a defender la libertad
de expresión y que es, en realidad, un llamado a amordazar al mandatario más
legítimo que ha tenido México desde hace muchas décadas.
Los autores del desplegado no pueden demostrar un solo acto de censura porque
no lo ha habido. Su único argumento es una sanción administrativa impuesta a la
empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella sino porque
falsificó un documento del Infonavit. No hay tampoco “amagos judiciales” a
“medios y publicaciones independientes” sino la revisión general de los
vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que
fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas
fueran productoras bienes de consumo, servicios o publicaciones.
Otro tanto puede decirse de organizaciones “ciudadanas” que eran en realidad
tapaderas para el saqueo del erario, el lavado de dinero y la privatización
indebida de bienes públicos y de facultades y responsabilidades
gubernamentales. Es sabido que algunos de esos membretes usaron como máscara la
filantropía, las causas de género, el ambientalismo y hasta la defensa de los
derechos humanos, pero no por ello deben gozar de impunidad y mucho menos
conservar sus privilegios indebidos. En cuanto a las pretendida “lesión
presupuestal” a organismos autónomos”, el escrito hace referencia a las
políticas de austeridad establecidas por el gobierno federal a las que se
resisten los directorios de algunos de esos organismos, cuyos miembros se han
beneficiado de la opacidad, el despilfarro, las percepciones principescas y las
prestaciones obscenas e injustificables en el contexto de carencia en el que
vive más de la mitad de la población.
Quienes por décadas endilgaron adjetivos infamantes, despreciaron las luchas del
pueblo, hicieron campañas de odio y descrédito en contra de los opositores
–fueran candidatos presidenciales, campesinos en lucha, víctimas de la
violencia o maestros en resistencia–, quienes ensalzaron hasta la ignominia a
gobernantes corruptos y criminales, hoy temen que “el odio llegue al río”; una
vez más exhiben su elitismo y su desconocimiento del pueblo de México y de su
civilidad profunda. El perdurable repudio popular que padecen no es producto de
las expresiones presidenciales sino consecuencia inevitable de su deshonestidad
intelectual y de su complicidad, obsecuencia y cortesanía para con un grupo
gobernante que dejó al país en ruinas. Aun así, más allá de la repulsa
ciudadana, no tienen nada que temer.
En suma, la supuesta “defensa de la libertad de expresión” alegada por los
firmantes del documento de marras es, en realidad, un intento por sacar del
debate la voz presidencial, expresión legítima de la mayoría absoluta de los
ciudadanos; sus quejas apuntan, en realidad, a acotar en forma ilegal e incluso
golpista las facultades y atribuciones legales del gobierno de México; sus
quejas buscan recuperar los privilegios que han perdido y sus advertencias
revelan el temor que tienen a perder la impunidad absoluta con la que varios de
ellos hicieron grandes negocios al amparo del poder.
Ante quienes operaron como privatizadores de la palabra, celebramos y
defendemos con toda convicción la irrestricta libertad de expresión y el estado
de derecho que el Ejecutivo federal impulsa en el país. Tras décadas de
criminalidad gubernamental, éstos que eran anhelos empiezan a convertirse en
realidad. Que los firmantes del texto comentado hablen con plena libertad y que
no pretendan callar a nadie. Su abusivo monopolio de la opinión pública ya
terminó y no volverá nunca.
